El Gobierno sumó este miércoles un nuevo capítulo a la saga de contra marchas. En esta oportunidad, la Casa Rosada decidió no trasladar a la tarifa de gas la compensación a empresas por la devaluación y le puso fin a una medida que había despertado críticas de la oposición. 

La polémica se desató luego de una resolución de la Secretaría de Energía que obligaba a los clientes a pagar 24 cuotas en sumas mensuales de entre $90 y $100, para cubrir la deuda contraída por las distribuidoras con las petroleras por la depreciación del peso. En las últimas horas el Gobierno había defendido a capa y espada la medida, pero la presión por la impopular decisión lo obligó a modificar su hoja de ruta.

El encargado de oficiar de nexo entre la oposición y la Casa Rosada fue el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien fue el encargado de anunciarles a los senadores la decisión de Balcarce 50 de desactivar el programa. De esta manera, el costo lo asumirá directamente el Estado, que se pagaría en 30 cuotas ajustadas por interés desde octubre del año próximo. 

Al salir esta tarde de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, el funcionario dijo que el Poder Ejecutivo "siempre" estuvo abierto a "escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente". En ese cónclave, Frigerio informó a los senadores nacionales que el desfasaje por la megadevaluación estimado en $ 20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas. 

El desenlace llegó luego de conocerse la propuesta de la UCR para aliviar el tarifazo de gas y evitar así un rotundo revés parlamentario. Los radicales propusieron que $ 10.000 millones los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto -otros $ 10.000 millones- deberían correr por cuenta de las compañías. En la práctica, el 50% de los privados también quedaría para las arcas públicas, porque una de las firmas prestadoras es la estatal YPF.

El ministro se reunió con todos los jefes de bloque de la Cámara alta y luego con la bancada oficialista, poco después de que la oposición dejara trascender que intentarían tratar, en la sesión prevista para las 15, los proyectos para derogar ese aumento. Con esta marcha atrás, Cambiemos evitó nuevamente quedar expuesto a una sesión del Congreso donde se congregarían la mayoría de las opiniones contrarias a las políticas oficiales.

La escalada de descontento por la disposición del Gobierno ya había quedado de manifiesto con duras críticas de entidades de usuarios, legisladores, defensorías del pueblo al punto que muchos de ellos presentaron demandas judiciales para impedir que entrara en vigencia el plan oficial. 

A tal punto llegó la situación que, tras una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, se le inició al secretario de Energía, Javier Iguacel, una causa judicial en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por lo pronto, el propio Iguacel, explicó que el Estado tiene "restricciones presupuestarias" para hacer frente al reclamo de las firmas y subrayó que intentarán que haya "por lo menos un año de plazo y cuotas, que seguramente van a ser más de 24".

Ahora, solo queda vigente el incremento del 34% promedio desde octubre y una segunda cuota de hasta 15% en enero definidas en audiencia pública, pero no se abonará en las facturas las 24 cuotas de entre $ 99 y $ 111 extras que pretendían las empresas prestadoras.