De hecho, la versión que fue ley la escribió de puño y letra el ex diputado del PRO Daniel Lipovetzky y logró aprobarla en noviembre tras un llamado del recién electo presidente Alberto Fernández y varias abstenciones de su bloque. Había perdido estado parlamentario un proyecto similar de la senadora Silvina García Larraburu, actual integrante del Frente de Todos, votado por unanimidad en 2016. 

"Argentina tendrá una ley de alquileres después de 30 años que mejorará las condiciones de locación para muchísimos inquilinos", festejó por twitter Lipovetzky, ahora diputado provincial, segundos después de sancionarse la ley, que siempre fue incómoda para Cambiemos. 

Tanto que en diciembre de 2018 Mauricio Macri lo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias, consiguió un rápido dictamen y después de varios llamados de las cámaras inmobiliarias pidió retirarla.

Esta tarde, los senadores de ese interbloque, ahora opositor, se desconectaron antes que se iniciara el debate, molestos porque entienden que las sesiones por sistema remoto sólo fueron habilitadas para tratar leyes referidas a la pandemia.

Cambiemos no quiso participar del debate porque sólo quiere tratar temas referidos al coronovirus y consideró que la ley de alquileres no tenía relación. Macri siempre la boicoteó.  

Sólo quisieron votar la ley de educación a distancia y algunos, como el jefe del PRO Humberto Schiavoni, aprovecharon esos minutos para recordar que los alquileres están congelados por DNU y por lo tanto creían que no era necesario establecer un nuevo marco legal después de tres décadas. 

"Hay que ser serio, si Cambiemos dice que en el Senado no se discute otro tema que no sea el coronavirus, bueno sean coherentes. No se pueden invertir 133 minutos hablando de 50 temas que no tenían absolutamente nada que ver con la pandemia", se molestó el rionegrino  Weretinleck.   

Así las cosas, la ley de alquileres sólo fue defendida por el Frente de Todos. "Un 17% de las familias acceden a la vivienda a través del alquiler y casi el 41% del ingreso familiar se ve volcado en el pago del alquiler. Hoy vamos a dar una sanción definitiva y es una respuesta que están esperando más de 9 millones de argentinos", la justificó Ana Almirón, quien monitoreó el dictamen desde la Comisión de Legislación General. 

"Este proyecto fue cajoneado durante toda la gestión del expresidente y lo vamos a aprobar en nuestro Gobierno. Vamos a legislar para ampliar derechos", celebró García Larraburu. "En esta situación de pandemia el tema de los alquileres es central porque la vivienda, la salud, la comida, el trabajo y la educación no pueden ser dejados de lado en un momento de tanta incertidumbre para el pueblo argentino", aportó la tucumana Beatriz Mirkin.

La ley estira de dos a tres años los contratos de alquileres y pone reglas claras para actualizar los valores: sólo podrán ser anuales e indexados a una fórmula que combina el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). El Banco Central deberá publicarlo cada mes y entre los opositores les traía muchas dudas, porque en un contexto recesivo puede terminar empoderando a las inmobiliarias.

La ley también amplía las garantías que pueden usar los inquilinos. No se limitarán a otra propiedad, sino a aval bancario, seguro de caución fianza o certificación de ingresos o recibo de sueldo. Ningún propietario podrá exigir una por sobre otra.

Además, el depósito inicial no podrá ser más que un mes de alquiler, el reintegro debe ser inmediato a la devolución del inmueble y cualquier retención debe ser proporcional al daño o la deuda hallada. Las partes pueden acordar una renovación tres meses antes de finalizar el contrato, que deberá ser declarado en la AFIP. Y las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario.

La intermediación solo podrá estar a cargo de un corredor profesional matriculado en las provincias que sean reconocidos; y se crea un sistema de alquiler social para proteger a ancianos y a víctimas de violencia de género. Ahora sólo resta la promulgación en el Boletín Oficial. Ya es ley.