La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió 245 votos a favor, tres en contra -del Frente de Izquierda y José Luis Patiño, del Pro- y una abstención, de Héctor Stefani, también del Pro.

Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la ANSES y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.

A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto, al igual que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, las bancadas de José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior, estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de ese beneficio se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El oficialista Marcelo Casaretto destacó el acompañamiento de la oposición y recordó que próximamente se debatirá en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori se refirió a las deudas de las provincias e informó que totalizan 25.000 millones de pesos que vencieron, en su gran mayoría, en agosto.

La ANSES detrajo ese monto de la coparticipación que le corresponde a las provincias, “causándoles un grave perjuicio financiero”, y luego, tras un acuerdo con la Nación, “se suspendió por 45 días el plazo del vencimiento”, que será a lo largo de la primera quincena de octubre.

Ante este panorama, Pastori marcó “la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer ese plazo” y las provincias no vuelvan a verse afectadas.

Por su parte, Luciano Laspina (Pro), advirtió que el Gobierno puso a consideración la ley de protección del FGS “al mismo tiempo que suspendió la fórmula de actualización para los actuales jubilados”.

“¿Cómo se explica esta paradoja jurídica de que por un lado queremos proteger los fondos de los jubilados y al mismo tiempo les estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que, de haberse cumplido, hubiese sido mejor que los ajustes por decreto?”, se preguntó Laspina.

Jorge Sarghini, de Consenso Federal, celebró que las reformas se harán “sin quitar garantías a los jubilados que adhirieron a la Reparación Histórica, garantías que no estaban en el proyecto original y que en el debate en comisión se pudieron corregir”.

De todos modos, advirtió que “salvo el título y el enunciado de buena voluntad del capítulo primero, no tenemos ninguna garantía ni certeza que nos haga creer que esta ley por sí sola defienda el patrimonio del FGS”, que “es un fondo extraño, porque estamos bajo un sistema de reparto y ese fondo viene extraído de un sistema privado de capitalización”.

En tanto, el mendocino Ramón destacó el “reenfoque del FGS” y señaló que “los dos frentes mayoritarios lograron un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis”.

El titular de Unidad Federal para el Desarrollo consideró que “un punto que no tuvo relevancia en la comisión fue el relacionado con los créditos de la ANSES”, y en ese sentido dijo que “no se discutió el sobreendeudamiento de las familias”.

En contra del proyecto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) opinó que “se pretende ocultar la política que durante muchos años tuvieron todos los gobiernos, de saqueo de los recursos de la ANSES”.

En ese sentido, recordó que los recursos del FGS llegaron “a rondar los 67.000 millones de dólares y en la actualidad está apenas en torno a los 32.000 millones de dólares”.

El legislador de la izquierda criticó la reforma previsional de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y también el “ajuste” a los jubilados por parte del gobierno de Alberto Fernández con la suspensión de la fórmula de movilidad.

Además, dijo que el proyecto es “contradictorio” en lo referido al refinanciamiento de deuda de las provincias, las cuales “fueron parte del festival del endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri”.