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El gobierno busca limitar el derecho de protesta contra las medidas de ajuste económico


15 de diciembre de 2023

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Junto con las medidas económicas, el Gobierno presentó una serie de reglas que buscan prohibir las protestas en el espacio público y autorizan a la fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves "un protocolo para el mantenimiento del orden público" con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene "una decisión tomada" de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte".



"Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.

Al conocerse el anuncio, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al calificarlo de "inconstitucional", una "amenaza" a gremios y movimientos sociales y advirtieron que "cuando hay semejante nivel de agresión" contra los sectores populares "inevitablemente se producen protestas sociales".

En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el "derecho a la manifestación" y reclamaron que la ministra de Seguridad "no tiene facultad legal" para impedirlo.

Los puntos del protocolo antipiquetes anunciado por Bullrich

1. No más vías alternativas de tránsito durante los cortes

La ministra comenzó diciendo que "ya no se tendrán en cuenta" la liberación de vías alternativas durante los cortes. Esto quiere decir, en palabras de la propia titular de Seguridad: "si se corta la vía principal, se libera la vía principal.

"El propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente: el que las hace, las paga", lanzó Bullrich al respecto de este punto. En esa línea, agregó que será prioridad del Gobierno "cuidar a quienes nos cuidan", por lo que se establecerá un protocolo de actuación "que proteja en su accionar a las fuerzas federales".

Posteriormente, el Ministerio de Seguridad lanzó un comunicado donde profundizó sobre el protocolo y enfatizaron: "Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación".

2. Intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal

Bullrich indicó además que, a partir de ahora, participarán "las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal" frente a cortes, piquetes y bloqueos, "ya sean parciales o totales". Además sostuvo que "podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes", cuando "haya delito infraganti".

Destacó además que "las fuerzas federales actuarán en las zonas federales. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común".

Sobre este punto, el comunicado del Ministerio de Seguridad detalló que la intervención podrá ser "sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia".

3. Creación de un registro de las organizaciones que participen de los cortes

"Se va a crear un registro de las organizaciones que participen en estos hechos. Y que sistemáticamente hacen de voceros hacen de este tipo de manifestaciones. Es por eso que se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré", explicó la actual ministra.

No obstante, señalo que "serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados".

Bullrich aseguró además llevar a cabo estas medidas, las fuerzas "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia".

Desde Seguridad agregaron: "También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Por ejemplo: la quema de cubiertas".

4. Sanción a quiénes lleven niños y adolescentes a las movilizaciones

La ministra indicó que, en el caso de participación de niños y adolescentes, "se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos, procediendo a tener sanciones sobre aquellos que lleven niños y que no estén los niños -cuando tienen que estar en sus escuelas- en una manifestación".

5. A las organizaciones que corten las calles, "se les cobrará" el uso de la fuerza de seguridad

Bullrich también sostuvo que, por los costos de los operativos de seguridad, se les enviará la factura "a las organizaciones o individuos responsable", ya que "el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad". Es por eso que apunta a que "las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo". En caso de tratarse de extranjeros, "se mandará la información a Migraciones", agregó.

 

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