En la tercera revisión del acuerdo, el FMI asegura que la reforma de los marcos regulatorios de sectores estratégicos “podría ayudar a impulsar la capacidad exportadora neta” de Argentina y “alentar inversiones”. Menciona los hidrocarburos, la minería, la agroindustria, el hidrógeno y la biotecnología. Sin embargo, agrega: “Cualquier cambio debe mantener la igualdad de condiciones y evitar los costos fiscales adicionales”.

Así, por ejemplo este año el Congreso aprobó un marco con incentivos y beneficios para la bio y nano tecnología, cuya reglamentación se publicó este jueves en el Boletín Oficial. Sin embargo, no entró un tema clave impositivo que se discutió en el Congreso: la inclusión de actividades de innovación entre grandes empresas y startaps para que pueda ser una actividad donde se devuelva el 50% como gasto de investigación y desarrollo, algo que sería un empuje para las startaps, contaron desde el sector privado.

Habrá cuatro proyectos para intentar potenciar las exportaciones de energía, agro y economía del conocimiento. Uno busca promocionar la actividad del Gas Natural Licuado (GNL), uno de los precios a nivel internacional que más subió producto de la guerra en Ucrania. Llega luego de que YPF anunciara el proyecto para construir una planta junto a la petrolera Petronas, con inversiones estimadas en u$s 10 mil millones. De desarrollarse la producción de GNL durante los próximos 30 años, podrían exportarse u$s 27 mil millones anuales, según un informe del centro de estudios Fundar.

Luego estará el que buscará darle un marco al hidrógeno, una de las energías del futuro. Para este sector, la australiana Fortescue anunció hace más de un año una inversión de u$s 8.000 millones, la más alta del siglo. Sin embargo, fuentes de la compañía aseguran que “el marco regulatorio será vital para la instancia de la decisión final de la inversión”. Aunque el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en noviembre que iba a llegar al Congreso, todavía sigue en evaluación.

También llegará el proyecto de ley informalmente llamado “monotributo tech”, que permitirá a pequeños exportadores de la economía del conocimiento poder tener un régimen impositivo simplificado de 3 categorías distintas, y así poder ingresar hasta u$s 30 mil dólares al año, sin tener que liquidarlo al tipo de cambio oficial a $183. Actualmente, la mayor parte de estos ingresos de profesionales entran por el mercado paralelo, a casi el doble ($350).

Estará nuevamente presente el proyecto de agroindustria, que viene desde el 2021, delineado entre el Gobierno y el sector privado, nucleado en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que promete exportaciones por u$s 100 mil millones para el final de la década.

También Economía trabaja en proyectos que sumen recaudación. Por un lado, un nuevo blanqueo de capitales, que acompañe al intercambio de información automática de cuentas con Estados Unidos que empieza a regir el primero de enero. Las alícuotas variarán entre 2,5% y 7,5% según el momento de la exteriorización, se duplicarán para quienes dejen sus activos en el exterior e incluirá un premio a contribuyentes cumplidores ante AFIP, junto con un régimen simplificado para bajos montos. El organismo que encabeza Carlos Castagneto espera recaudar en 2023 al menos u$s 1.000 millones.

En la última semana, el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación para la Ciudad obligó a Economía a delinear un nuevo proyecto de ley. Buscarán financiar los $200 mil millones que Nación debe transferirle extra a CABA con subas en el impuesto al juego, y “nacionalizar” el impuesto que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta le cobra al sistema financiero por las Leliq.

Estará también el proyecto de ley de Pago de Deuda Previsional que empuja el kirchnerismo, que ya tiene media sanción de Diputados. Busca que 800 mil personas puedan jubilarse pese a no contar con los 30 años de aportes. En su último informe, el FMI pide “esfuerzos” para contener los pagos en jubilaciones, principal gasto del Estado, y agrega “evitando las moratorias”.