Horas antes, en el marco de la Convención Pro Textil 2020, la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, ya había dado indicios al señalar en un mensaje grabado que "se está trabajando en una modificación de la ley de Compre", para generar nuevos proveedores y actividades dentro de la demanda del Estado.

El secretario de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, señaló que "siempre que se favorezca a la industria nacional, vamos a estar de acuerdo en todo momento". "El Estado es el gran motor de la producción nacional y si promueve una mayor participación de empresas locales en sus compras, son más que buenas noticias.

El Compre Nacional, mejor llamado Compre Trabajo Argentino, es una ley, la 25.551, que establece normas para priorizar a la industria nacional en las compras que realizan el Estado Nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos, empresas a las que el Estado les delegó, entre otras, prestaciones de telecomunicaciones y distribución de energía.

Esta obligación por parte de esas empresas es algo muy razonable, desde el momento en que éstas usan recursos intangibles del Estado, como las licencias y concesiones que les otorgaron con exclusividad para explotar determinados servicios.

Poor su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, señaló que "tenemos nuestro proyecto de ley de Compre Argentino casi listo y para presentar a las autoridades".

"Tenemos datos muy fuertes sobre el no cumplimiento de la actual norma y queremos consensuar con el Gobierno el nuevo proyecto", expresó Rosato, quien agregó que "falta un marco legal que fije sanciones y obligaciones porque no está claro".

Es importante aclarar que la ley establece que para que un producto califique como de industria nacional, debe tener como mínimo el 60% de integración local. Así se promueven sólo productos que tengan alto valor agregado nacional, y no simples ensambles de partes importadas.

Por su filosofía, el Compre Nacional constituye una herramienta con plena vigencia para impulsar la reindustrialización del país. Su vigencia se demuestra por el hecho de que existen leyes en países como EE.UU.; por las preferencias que otorgan a sus industrias Canadá, Japón y México; y los ejemplos de Italia y Brasil, donde el privilegio a la industria nacional está contemplada en sus constituciones nacionales.

A su vez, el directivo de la Confederación General de la Industria (CGI), Augusto Santucho, apuntó que "la ley actual podía ser efectiva en un contexto como el anterior a la crisis del 2008, por la brecha de precios de entonces". "Después del 2008, el Sudeste Asiático desplazó producciones del mundo occidental y la ley hay que actualizarla".

"Hoy una brecha de precios del 30 al 40% es poca. El poder de compra del Estado debe estar al servicio del desarrollo industrial, de sectores estratégicos como el 'I+D'. A veces, no hay que priorizar sólo por el precio", finalizó.