La estatal nacional que se abre el martes, tiene suspendida su revisión de 2019 en noviembre, cuando el expresidente Mauricio Macri omitió activarla. La pandemia no permitió ni la revisión de marzo ni la negociación de junio para 2020. Sobre la pretensión gremial, en cifras no oficializadas, pero en torno al 36%, hay un dato duro y de tono político.

Mientras tanto, el gobierno de Axel Kicillof también convocó a paritarias a los judiciales bonaerenses al igual que lo hizo con los estatales y docentes. El llamado llegó luego del enorme malestar que se generó en los gremios tras la repudiada protesta de la policía bonaerense y el aumento cedido por la Provincia. La agenda de negociación comenzará la semana próxima. 

En efecto el referente de ATE y la CTA Autónoma Hugo “Cachorro” Godoy dijo que “desde mayo iniciamos la paritaria, algunas cuestiones pendientes se resolvieron y otras no. Planteamos con claridad que había que mantener abierta esa mesa por la cuestión salarial, tanto para lo que restaba acordar de 2019 como el corriente año donde la inflación rondará entre el 35 y el 40%”.

Godoy detalló también que aún en las complicaciones que sigue detonando la pandemia, “como tambíen de cuatro años de un gobierno liberal que tuvo mandato de 2015 a 2019”,además del aumento de sueldos se dejó en claro ante las autoridades que continuaba pendiente resolver el pase a planta permantente de los trabajadores contratados, a los que define como “precarizados”.

ATE enfatizó también que el bono de $4.000 en el arranque del año, para sueldos menores de $60.000 fue a cuenta de paritarias, sin perjuicio de que habían reclamando que en agosto debía convocarse a la discusión.

“La pandemia y el agravamiento de la crisis hace impacto pleno en los estatales, ni que hablar de los trabajadores de salud, puertos, energía y otros rubros”. Más allá de esos conceptos Godoy le recalcó a este diario que todavía no definieron el porcentaje de mejora que reclamarán, porque analizan tanto el contexto de la convocatoria, los datos de la economía, el Presupuesto 2021, “sin perder de vista los condicionamientos que pueda imponer el FMI sobre salarios del Estado”.

UPCN, por ejemplo, hizo llegar diversas notas solicitando reactivar la discusión y declarándose en estado de alerta y movilización. En dicho texto el sindicato que lidera Andrés Rodríguez puntualizó que desde 2018 la corrosión salarial no tuvo frenos “producto de las políticas económicas aplicadas, de la inestabilidad que se genera en períodos electorales” y a la fecha se suma la postergada discusión paritaria 2019.

En las misivas enviadas al Gobierno UPCN detalló que "cuando el retraso del salario se hace tan pronunciado, comienzan las deformaciones en las categorías escalafonarias, nuestros/ass profesionales más calificados comienzan a ser captados por la actividad privada y nuestros cuadros directivos empiezan a sentir el desánimo de no sentirse reconocidos".

Todavía sin número definido para su reclamo en las organizaciones gremiales estatales consideran que sus salarios tienen “con un atraso del 36%”, todo un dato duro remarcan.

Sin rigor de casualidades esa estimación concuerda con el cálculo del Instituto de Economía Germán Abdala de ATE, el cual publicó que en agosto, el Indice de Revelamiento de Precios (IRP) registró una aumento del 1,8% mensual y en modo anual el alza alcanzó el 37,3%.