El proyecto fue enviado al Congreso el viernes pasado a última hora, figuran tres ejes: el blanqueo, las pasantías y la creación de una agencia de evaluación de teconologías de la salud. Sin embargo, en un capítulo secundario, sobresale una intención para modificar el cálculo de las indemnizaciones, un punto que había sido resistido en diciembre último, cuando la iniciativa se frenó en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano .

En su iniciativa legislativa, el Gobierno propone excluir del cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

Desde el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, argumentaron las razones para impulsar un cambio en el mecanismo: "Es para evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores. Ahora se establecen con claridad los alcances".

Como alternativa a las indemnizaciones, el oficialismo sugiere en su proyecto la creación de un fondo de cese laboral, que debería ser constituído mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos, y sustituye a la indemnización.

"Esta modalidad es utilizada en el sector de la construcción y brinda una mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores", defendieron el plan desde el organismo laboral.

En la CGT se asombraron ante la inclusión del ítem de indemnizaciones. "Habíamos acordado apoyar blanqueo, la agencia médica y las pasantías siempre y cuando sean mediante el convenio de la actividad . Pero esto, no. No avanzarán con las indemnizaciones", señaló un jerárquico de la central obrera que conserva buen diálogo y relación con Triaca y otros funcionarios de primera línea.

El debate de la reforma laboral, además, encuenta a la CGT enfrasacada en su interna, cuyo desenlance no será antes del 22 de agosto, cuando se prevé el congreso que elegirá a las nuevas autoridades en reemplazo del triunvirato de mando. "Esta situación favorece al Gobierno, está claro", se resignó un integrante de la cúpula.

Horacio Meguira, jefe del equipo legal de la CTA Autónoma, caminó con pies de plomo sobre los eventuales cambios. "Con las indemnizaciones lo que se intenta es el abaratamiento del costo laboral por intermedio de la base de cálculo. Es una manera solapada que impide un debate transparente", cuestionó. Y también puso reparos sobre el fondo de cese laboral: "Resula inconstitucional que un fondo compuesto por medio de un convenio colectivo pueda suplantar una ley de orden público".

Triaca dijo que el proyecto "es el mismo" que se intentó debatir en diciembre y derivó a su "equipo legislativo" los argumentos sobre la letra chica de la iniciativa. Al haber sido presentado el viernes en el Senado, el paquete de reforma laboral podría ser tratado en el recinto a fines de mayo o en junio, con el Mundial de fútbol en marcha.

Al margen de las resistencias por las indemnizaciones, en el oficialismo apuestan al avance de las modificaciones menos conflictivas. Dan por hecho el plan de blanqueo laboral, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores, y la agencia médica, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales. El sistema de prácticas formativas, que suplantará a las pasantías, todavía genera dudas entre los gremios porque el pasante no recibiría un sueldo, sino una "asignación estímulo" que sería no remunerativa.