El Gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso con una nueva versión de la reforma laboral que busca modificar pilares centrales del régimen de trabajo argentino. El borrador que circula entre legisladores y cámaras empresarias redefine el sistema de indemnizaciones, flexibiliza las causales de despido, amplía márgenes de negociación y habilita formatos de organización del tiempo laboral que reducen el costo empresario. La iniciativa se presenta como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo y promover la creación de empleo formal, aunque desde el sindicalismo y distintos especialistas la consideran un retroceso en derechos y un mecanismo que habilita mayor precarización.

El texto propone reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral o seguro de despido, financiado por aportes mensuales de los empleadores. Esta alternativa, ya aplicada en algunos sectores, desplaza el esquema de pago por antigüedad y vuelve más previsible para las empresas el costo del despido, pero también reduce la compensación que percibirían los trabajadores en situaciones de desvinculación abrupta. El borrador, además, amplía las causales por las cuales un empleador puede despedir sin que se configure una práctica abusiva, incorporando situaciones vinculadas a enfermedades prolongadas o a la imposibilidad de reubicar al empleado dentro de la estructura.

Otro punto central es la flexibilización de la jornada laboral. La reforma facilita la implementación de “bancos de horas”, un sistema mediante el cual las horas extra pueden compensarse con tiempo libre, sin pago adicional, según acuerdos internos. También habilita mayores márgenes para pactar modalidades especiales de trabajo o franjas horarias extendidas, en función de la productividad o las necesidades de cada empresa.

El Gobierno sostiene que estos cambios permitirán dinamizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y promover contrataciones, especialmente en pymes. Afirma que la estructura actual de indemnizaciones y la rigidez en la negociación colectiva desalientan la formalización y traban la actividad económica. Desde la vereda opuesta, los gremios alertan que la reforma desprotege al trabajador frente al despido, debilita la negociación colectiva al favorecer acuerdos individuales y facilita que se avancen sobre derechos laborales consolidados. También advierten que mecanismos como el banco de horas podrían traducirse en más trabajo por menos salario.

Con un Congreso dividido y un clima político tenso, el oficialismo apuesta a lograr los votos necesarios en sesiones extraordinarias. Pero la discusión ya encendió la alarma del movimiento obrero, que analiza medidas de fuerza si el Gobierno insiste en aprobar la reforma sin modificaciones profundas. El resultado del debate definirá si la Argentina avanza hacia un esquema laboral más flexible y orientado a reducir costos o si se preserva el modelo actual, basado en mayor protección y estabilidad para los trabajadores.