El Ministerio de Economía cumplió en tiempo y forma con lo que establece el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, y envió este viernes 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2024, cosa que había quedado en tela de juicio a partir del pedido formulado por los diputados de La Libertad Avanza de aplazar esa presentación.

La noticia sobre la presentación del proyecto se fue postergando a lo largo del día, pero en las primeras horas de la noche se hicieron trascender desde el Ministerio de Economía detalles de la “ley de leyes” y justo sobre medianoche se difundieron los materiales con los textos correspondientes, cuyo tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda quedará para después del 22 de octubre y su llegada al recinto para después del 19 de noviembre, según trascendió.

Hechas esas consideraciones, vale decir que el proyecto elaborado por la cartera que conduce Sergio Massa prevé un crecimiento del 2,75% del PIB y una inflación anual del 70%.El Gobierno prevé alcanzar un desequilibrio primario (antes del pago de intereses) de 1,9% del PIB en el año en curso, conforme con lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las autoridades señalan que esto es posible porque la recaudación impositiva está evolucionando favorablemente. Para 2024, y también en concordancia con el FMI, se proyecta una reducción del déficit a 0,9%.

Se anticipa la posibilidad de alcanzar el equilibrio e incluso superávit en el caso de que el Congreso sancione una ley que permita reducir los gastos tributarios compuestos por exenciones y beneficios impositivos que en la actualidad perciben empresa y regímenes de privilegio.Según el texto, tales recursos equivalen a 4,7% del PIB.

En una separata, el Gobierno recomienda dejar de brindar tales beneficios y habla nuevamente de eliminar las exenciones en el pago de Ganancias para el Poder Judicial. Lo mismo que eliminaría la posibilidad de deducir IVA para los directores de compañía; cambios en bienes personales y rurales y en el régimen de promoción de Tierra del Fuego.

También habrá una fuerte suba de ingresos a través de los derechos de exportación, la recaudación del impuesto país (que ganará protagonismo en el peso relativo de la recaudación) y la caída de subsidios energéticos.

La previsión oficial contempla la vuelta al crecimiento en 2024 con una proyección de suba de 2,5% en el PIB. La previsión oficial es que se pasará de un año que termina recesivo a otro expansivo, superadas las desfavorables condiciones climáticas que afectaron al campo.

De esta forma, se espera también un aumento en las exportaciones que mejorarían los ingresos por derechos. Los recursos generados por el comercio exterior también se verían reforzados por el impuesto PAIS que se comenzó a aplicar sobre las importaciones en agosto pasado.

Los gastos fiscales, por otra parte, también se reducirían porque se contempla continuar con el proceso de reacomodamiento de las tarifas.

En materia de inflación, las autoridades realizaron los cálculos “con cautela”, según señalan en fuentes oficiales, dada la incertidumbre derivada de la definición electoral. Se espera que el 2023 termine con un aumento de los precios de 135%, un cálculo inferior al previsto por el REM (169%) y se proyecta 70% para el año próximo.

En cuanto al tipo de cambio, el proyecto contempla que se pasará de los $350 actuales a $367 a fines de diciembre de 2023. En tanto, al culminar el año próximo se situaría en $600 resultante de la aplicación de una política de crawl alineada con la inflación, según sostienen en el Ministerio de Economía.