El gobierno profundiza el ajuste sobre las universidades y no prevé cumplir con la Ley de Financiamiento. Además, los salarios docentes continuarán un 30,5% por debajo del nivel de 2023. Para 2027 presupuestó un 32% menos de lo necesario para garantizar su funcionamiento. El Consejo Interuniversitario había previsto 11 billones de pesos y el gobierno destinará 7,5 billones. "Los gastos de funcionamiento caerían casi un 8% respecto de 2026 y un 50% respecto de 2023", explicó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El recorte más abrupto está en Ciencia y Técnica: en términos reales será un 7% más bajo que en 2026. El contraste con 2023 es brutal: el sector recibirá un 85% menos. La nueva secretaria de Ciencia de Milei es egresada de una universidad fantasma de Hawaii Algo similar ocurre con las becas a estudiantes: se aprobarse el actual presupuesto recibirán un 70% que en 2023.

El presupuesto por alumno está en su nivel más bajo de los últimos 20 años. En comparación con otras universidades del continente, la UBA recibe cinco veces menos que la UNAM de México y 10 veces menos que la Universidad de San Pablo. En infraestructura el ajuste fue aún peor. La caída será de un 50% respecto de 2026 y 92% respecto de 2023.

A este panorama crítico en las casas de altos estudios se suma una cláusula que encendió todas las alarmas en el ámbito académico: el proyecto oficial incluye la potestad discrecional del Poder Ejecutivo para frenar giros de fondos y retener partidas de aquellas universidades que no remitan la información administrativa o auditorías bajo los formatos exigidos por la Casa Rosada. Se trata de un mecanismo de coerción financiera que avanza sobre la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional y que legaliza el ahogo a las instituciones díscolas.

A esta asfixia del sistema universitario se suma el deterioro en los hospitales que dependen directamente de las casas de altos estudios, como el Hospital de Clínicas y el Roffo. Las partidas destinadas a insumos críticos, mantenimiento de aparatología de alta complejidad y guardias médicas registran una merma real acumulada superior al 45%, obligando a limitar turnos programados y poniendo en jaque tanto la formación de los futuros médicos como la atención cotidiana de miles de pacientes del área metropolitana.

El patrón de desfinanciamiento y achique estatal se replica con idéntica dureza en el sistema sanitario nacional. Las proyecciones oficiales consolidan el vaciamiento de la salud pública, golpeando de lleno a los hospitales de referencia federal —como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte—, cuyos presupuestos vuelven a quedar rezagados respecto a la inflación real, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos de alta complejidad, la compra de insumos básicos y el funcionamiento de las guardias.

A esto se suma el congelamiento salarial de médicos, enfermeros y residentes que integran la primera línea de contención social, mientras se recortan programas estratégicos de acceso a medicamentos esenciales, vacunas y prevención epidemiológica, trasladando el costo del ajuste a los bolsillos de las familias trabajadoras.

El panorama no es más alentador en el sistema de Salud pública general. Los programas de prevención de enfermedades transmisibles, la provisión de medicamentos oncológicos mediante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y los fondos asignados a centros de referencia como el Hospital Garrahan muestran una retracción sistemática frente a la inflación. La política de desregulación y corte de transferencias no sólo paraliza obras edilicias esenciales en nosocomios provinciales y municipales, sino que traslada un costo asfixiante a los asalariados y jubilados, quienes ven encarecerse de forma desmedida remedios y tratamientos básicos.

En el área de Discapacidad, el ajuste golpea de manera directa a los sectores más vulnerables y a sus familias de clase media, ya sobrecargadas por la caída de sus ingresos reales. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mantiene aranceles desactualizados para el transporte y los servicios terapéuticos y de rehabilitación, lo que genera constantes demoras de pago y el corte de prestaciones por parte de profesionales que no logran cubrir costos operativos. Con revisiones masivas que frenan la asignación de nuevas pensiones no contributivas y un presupuesto que licúa los apoyos económicos frente a la suba del costo de vida, el esquema fiscal descarga su peso sobre los derechos esenciales de las personas con discapacidad.