El proyecto que se debate hoy incluye modificaciones sustanciales respecto al texto enviado originalmente en septiembre por el Poder Ejecutivo: entre ellas, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, así como la eliminación de los fondos destinados al Hospital de Pediatría Garrahan, uno de los centros de salud pública de mayor complejidad del país. 

En el dictamen de mayoría, aprobado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se incorporó el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a discapacidad y financiamiento universitario, respectivamente. El Gobierno sostiene que los compromisos con el Garrahan “ya fueron cumplidos”, aunque no ofrece detalles sobre futuras partidas ni mecanismos de sostén para ese centro de salud. 

La oposición y diversas organizaciones denunciaron que estos cambios no formaban parte del proyecto original remitido por el Ejecutivo y fueron agregados de forma “exprés” en la comisión, sin un debate público profundo. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que la eliminación de la Ley de Emergencia generaría la pérdida de mecanismos de actualización de aranceles y compensaciones que sostienen servicios médicos y terapéuticos para personas con discapacidad. 

Además de estas medidas, el texto que será debatido en el recinto contempla otras decisiones polémicas: elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras asignaciones familiares, y restringe el régimen de zonas frías, lo que podría dejar sin subsidios a miles de hogares en las provincias más frías del país. 

Los bloques opositores también criticaron la supresión de las leyes que garantizan fondos para la educación superior pública, argumentando que la medida afecta seriamente el funcionamiento de las universidades nacionales y expone a la educación pública a una crisis presupuestaria. 

Apenas logrado el dictamen con 28 firmas —incluyendo aliados como PRO, UCR y gobernadores provinciales—, el oficialismo aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a gobernaciones como fórmula de apoyo para asegurar los votos necesarios en el recinto. 

El ritmo político se intensifica mientras sectores políticos y sociales advierten que el conflicto por el presupuesto no solo es una disputa por números, sino también por prioridades fundamentales del Estado en materia de salud pública, educación y derechos sociales.