En una contundente demostración de fuerza parlamentaria, el Congreso sancionó este jueves la ley que mejora los haberes jubilatorios, al tiempo que eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación. La oposición reunió 52 votos a favor en el Senado, superando cómodamente los dos tercios necesarios para desactivar un eventual veto del presidente Javier Milei, que ya había anticipado su rechazo a la norma.

El oficialismo quedó en absoluta minoría, sin capacidad de condicionar la discusión ni de evitar una derrota parlamentaria con implicancias políticas profundas. La sesión reflejó la creciente orfandad política del gobierno, que no solo no logró frenar el tratamiento, sino que tampoco pudo alinear a sus aliados naturales del PRO ni a parte de la UCR.

Desde el entorno de Milei denunciaron un “golpe institucional” y dejaron trascender que se evaluará judicializar la aplicación de la ley. Pero el argumento suena débil ante el dato incontrastable: el Congreso actuó dentro de sus facultades y aprobó la norma con una mayoría calificada que revela el hartazgo frente al ajuste despiadado que impulsa el Ejecutivo.

Con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones queda aprobado en general el proyecto que otorga un incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 10, 2025

Mientras los jubilados ven licuadas sus pensiones por una inflación descontrolada, el Gobierno persiste en su estrategia de déficit cero a cualquier costo, incluso si eso implica condenar a la pobreza a millones de adultos mayores. Esta vez, el Congreso dijo basta. No fue un capricho político: fue un mensaje claro frente a un modelo económico que desconoce los límites sociales del ajuste.

La presión fue también territorial: gobernadores de todos los signos políticos empujaron la iniciativa como respuesta al deterioro del tejido social en sus provincias. En silencio, incluso sectores dialoguistas del PRO acompañaron la ley, reflejando el creciente malestar con el rumbo unilateral del Ejecutivo.

Fiel a su estilo, Mayans fue directo sobre Milei:

“Milei está desquiciado. Lo que está haciendo con el Estado no tiene precedentes”, lanzó el senador formoseño, alertando que “esto va a explotar” y que el modelo pone en riesgo la sostenibilidad fiscal nacional 

 

Mientras tanto, el Gobierno redobló su postura: Milei ratificó el veto en un acto en la Bolsa y advirtió que judicializará la norma si el Congreso logra revertirlo

La sesión también incluyó refriegas parlamentarias. Mayans corrigió a la vicepresidenta Villarruel sobre la interpretación del reglamento, remarcando que “nadie puede impedir una sesión en el Senado, eso es un golpe de Estado” 

Milei amenazó con vetar, pero el Congreso se le anticipó con una jugada quirúrgica: blindó la ley con una mayoría que lo deja sin margen institucional. El intento de mostrarlo como víctima de “la casta” pierde fuerza cuando hasta sus propios aliados comienzan a marcar distancia.