El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, envió al Congreso el proyecto de ley que permite que las empresas telefónicas estén habilitadas para ofrecer el servicio de televisión satelital -hasta ahora en manos de DirecTV-, una posibilidad que se encuentra actualmente vedada y que forma parte de un reclamo de larga data.

En caso de aprobarse la iniciativa, las compañías podrán insertarse en el mercado del cuádruple play, esquema por el cual todos los operadores de telecomunicaciones podrán dar telefonía fija y móvil, Internet y TV paga.

En el texto, que ingresó por el Senado, se resalta que el objetivo es “fomentar el despliegue de infraestructura y la competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)” con la finalidad de “eliminar barreras legales que restringen la competencia”.

Uno de los artículos -que se incorporará a la actual Ley 27.078- propone establecer la obligación de los licenciatarios a compartir la infraestructura pasiva. Esto es que, los edificios públicos y las construcciones privadas se usarán entre todos los prestadores de los servicios, algo que tiende a abaratar los costos y aumentar la competencia.

“La comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, de modo tal que se garantice una competencia leal y efectiva entre los distintos licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, se expresa en los fundamentos del proyecto.

Lado B del proyecto

El Gobierno envió al Senado el proyecto de ley para autorizar a las telefónicas a brindar televisión satelital y ofrecer un servicio de cuádruple play sin haber invertido en fibra óptica. Fue una movida para calmar el fastidio de Telefónica de España a días de la visita del pirmer ministro Mariano Rajoy.

Pero el artículo 2 de la iniciativa hizo ruido en el despacho de varios senadores: permite que los licenciatarios de servicios de comunicación ocupen la infraestructura montada por los prestadores de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales.

Entre ellos están las cooperativas de cables locales, que presionaron y lograron que este mismo proyecto demore la provisión de televisión satelital de las telefónicas en localidades con menos de 80 mil habitantes. 

Pero lo que más ruido generó en el Senado es el artículo 2. "Entregarles la infraestructura para desplegar la fibra óptica es un premio muy grande", reflexionaban esta tarde en el Congreso.