Con el acto de inicio del año judicial como telón de fondo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, va a iniciar este martes dos días de reuniones con todos los integrantes de la familia judicial para consensuar un ambicioso plan de reformas. Además de jueces nacionales y provinciales, integrantes de las Tribunales Superiores de las provincias, colegios de Abogados y asociaciones de magistrados, también fueron invitados los integrantes de la Comisión Directiva de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que conduce Julio Piumato.

La participación sindical expone las negociaciones entre los cortesanos y el gremio para que la reforma planeada -o el ajuste según otros sectores gremiales- no se estanque en un conflicto gremial y pueda neutralizar la ofensiva oficial sobre la justicia contenida en el proyecto Justicia 2020 que elaboró el ministro de Justicia, Germán Garavano.

A pocos meses de llegar al poder el presidente Mauricio Macri, Garavano cargó contra los "privilegios" de los magistrados y empleados además de criticar la cantidad de juzgados vacantes y la lentitud de los procesos. Y prometió que su plan iba a modernizar a la justicia, un movimiento que provocó varios cruces con el presidente del máximo tribunal.  

El último capítulo del enfrentamiento entre Lorenzetti y Garavano fue la primera acordada de este año, en la que la Corte ordenó un aumento salarial del 5% para todos los empleados y funcionarios judiciales "con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos respecto la inflación". 

La fundamentación, muy poco usual en las resoluciones del máximo tribunal, sumada a la iniciativa propia de reforma, busca ratificar la autonomía de la justicia para aplicar las transformaciones. Pero también marcó la cancha respecto de la intangibilidad de la política salarial, que con este último aumento llevó casi al 27% la pauta para el año pasado. 

El proyecto de Lorenzetti titulado "Políticas de Estado para la transformación del Poder Judicial, la abogacía y la educación legal" contempla modificaciones sustanciales en la forma de funcionamiento de la justicia, entre las que resaltan la búsqueda de celeridad en los procesos penales -sobre todo en temas de corrupción-, la modificación en la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la digitalización de expedientes, la aplicación de los procesos orales en distintos fueros, pero también cambios que podrían afectar las condiciones de trabajo de los empleados.

Como respuesta a la convocatoria, la UEJN desarrolló un documento que contiene una serie de propuestas sobre el funcionamiento profesional de este poder pero en el que también advierten que "ningún foro de debate remplaza la necesidad de discutir un Convenio Colectivo de Trabajo para el Poder Judicial".

FERIA Y JORNADA. Es sabido que, históricamente, el máximo tribunal rechaza un convenio sectorial, lo que la ha valido una denuncia ante la Organización Mundial del Trabajo, por considerar que de esa manera perdería centralidad en una eventual intermediación del Ministerio de Trabajo.

Si bien el cronograma no brinda mayores precisiones, en los pasillos del palacio de Justicia se habla de la intención de Lorenzetti de modificar la feria judicial y extender la jornada laboral de seis a ocho horas, lo que cumpliría en algún punto las exigencia del Ejecutivo.

Desde la UEJN señalaron que "no puede haber un mejor funcionamiento de la Justicia a partir de la precarización de las condiciones de empleo" y rechazaron "el mito de que en los tribunales no se trabaja todo el año, ya que en todos los estamentos de la justicia existen guardias que garantizas la atención y el trabajo los 365 días del año". 

"Hoy por hoy muchos empleados ya cumplen jornadas laboras mayores a las seis horas sin que por eso se paguen horas extras" puntualizan y rechazan la posibilidad de avanzar con una extensión de la jornada incluso si viene acompañado de un aumento salarial del 33%.

En relación a la continuidad de la feria, el documento del gremio judicial no sienta posición, aunque de manera informal plantean la inviabilidad de afectar un derecho adquirido.

Una de las variantes posibles que evalúan en el palacio de Justicia es adelantar dos semanas la feria de verano para que una quincena coincida con las fiestas de fin de año y disminuir así la cantidad de días hábiles afectados. Mientras que para la feria de invierno se estudia que se elimine en lo formal, pero se mantendría la cantidad de días de vacaciones de los empleados y funcionarios, que se los tomarían en otro momento del año.

Entre las propuestas que el martes y miércoles expondrán los judiciales en los debates figuran la actualización de las licencias por paternidad y maternidad, la adopción de medidas contra la violencia laboral, un "impostergable" acceso democrático a la justicia y una jubilación igualitaria entre trabajadores y funcionarios.  

Un dato destacable, que podría interpretarse como una prenda de negociación, es que la Corte incluyó en sus planes una vieja demanda del sindicalismo judicial, el refuerzo del personal de asistencia a la justicia federal a través del Centro de Asistencia a la Justicia Federal, en el que hoy, producto de su escasez de recursos humanos, obliga a resolver tareas a los propios empleados judiciales. En el documento, la Corte se "propone la ampliación progresiva de los peritos" a partir de un esquema gradual que "incrementará la cantidad de peritos y sus incumbencias y se buscará su descentralización para cubrir distintas regiones del  país".

La inclusión de la UEJN en los debates provocó el reclamo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Justicia (Sitraju), que demanda ser incluidos como actor gremial.

Con una mirada crítica sobre el proyecto de Lorenzetti, los trabajadores agremiados en esta organización denuncian que el plan "cumple con las exigencias de ajuste del Ejecutivo".

"Con este proyecto, la Corte está cumpliendo con la política de ajuste que promueve el Gobierno nacional, que no hace otra cosa que avasallar la autonomía de la justicia" señaló el secretario gremial de Sitraju nacional, Demetrio Irama, que graficó la injerencia oficial con un ejemplo concreto: "la Corte revé la extensión de la jornada laboral porque un día después de ganar las elecciones a Macri se le ocurrió que tenemos que trabajar las horas que él dice".

"Acá más que discutir las horas de trabajo, deberían evaluar por qué por primera vez desde 2004, la recomposición salaria estuvo por debajo del nivel de inflación" aseguró el dirigente.