La cuarta Marcha Federal Universitaria del pasado martes 12 de mayo no fue solo una postal de plazas llenas; fue un sismo que reconfiguró el tablero político de la Casa Rosada. Con una movilización que replicó la masividad de 2024, el sistema universitario nacional logró lo que la oposición partidaria no ha podido: quebrar la narrativa oficial y poner al Gobierno de Javier Milei ante una encrucijada donde la "restricción presupuestaria" choca de frente con el consenso social sobre la educación pública.

 

A pesar de la magnitud de la marcha en todo el país, la respuesta de la administración libertaria ha sido de un pragmatismo frío. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, resumió la postura del Ejecutivo con una frase que ya circula como el nuevo mantra de Balcarce 50: "Podés juntar cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue ahí". Para el Gobierno, la Ley de Financiamiento Universitario —que el Congreso ratificó tras un veto presidencial y que hoy duerme en la Corte Suprema— "nació muerta" porque viola el principio de equilibrio fiscal.

Sin embargo, detrás de la rigidez discursiva, el impacto caló hondo. Los datos son elocuentes: en lo que va de 2026, el presupuesto universitario ha caído un 18,4% real respecto al año anterior, y la inversión por estudiante se encuentra en sus niveles más bajos desde 2004. Con salarios docentes que han perdido más de un 34% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión, el conflicto ha dejado de ser una puja sectorial para convertirse en una bandera de clase media que hoy incomoda incluso a los aliados más cercanos del oficialismo.

Aliados en fuga y el laberinto parlamentario

El mayor costo de la marcha del 12M no parece ser solo de imagen, sino legislativo. Los bloques "dialoguistas" en el Congreso, que hasta hace semanas acompañaban la agenda de reformas del Ejecutivo, han comenzado a buscar alternativas para no quedar pegados al ajuste universitario. La presión social ha forzado a diputados del PRO y de la UCR a exigir la implementación de la ley sancionada en 2025, o al menos un rediseño de las partidas para hospitales universitarios, que hoy operan con apenas el 9,3% de ejecución.

El Gobierno se encuentra ahora en un laberinto:

La vía judicial: La Corte Suprema tiene en sus manos el expediente que define si la Ley de Financiamiento debe aplicarse de inmediato. Un fallo adverso desmoronaría la arquitectura del déficit cero para el segundo semestre.

La contraofensiva legislativa: Para ganar tiempo, la Casa Rosada presentó un nuevo proyecto de ley en febrero que propone aumentos escalonados pero elimina la recomposición por inflación. Sin embargo, tras la marcha, el consenso para aprobar esta versión es nulo.

Mientras el Ministerio de Capital Humano relativiza el número de asistentes calificando la marcha de "netamente política", los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantienen el estado de alerta. La estrategia de la Casa Rosada parece ser apostar al desgaste, confiando en que el orden republicano y la "caja" prevalezcan sobre la manifestación callejera.

Pero en política, el número sí importa. La persistencia del conflicto universitario está obligando al oficialismo a reflexionar sobre si el "déficit cero" es una meta que se puede sostener a cualquier costo social, o si ha llegado el momento de abrir una mesa de negociación real antes de que la próxima marcha sea, quizás, el punto de no retorno de su capital político.

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Claves de la semana:

• Ejecución mínima: Solo el 9,3% del presupuesto para hospitales universitarios fue transferido en el primer cuatrimestre.

• Sueldos en picada: Los docentes universitarios registran la mayor caída salarial de todo el sector público.

• Cita con la Corte: El Ejecutivo espera el pronunciamiento sobre la cautelar que ordena actualizar partidas según el IPC.