En un nuevo revés para el oficialismo, la Cámara de Diputados fue escenario de una contundente acción opositora que logró el dictamen de mayoría en dos proyectos de fuerte impacto social y fiscal. Uno de ellos establece un régimen de actualización automática para el financiamiento de las universidades nacionales. El otro, declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica a nivel nacional, con foco en el Hospital Garrahan, e impulsa medidas de protección para las residencias médicas y la formación profesional.

En el caso del proyecto educativo, el dictamen alcanzó 49 firmas tras una sesión plenaria de las comisiones de Educación y Presupuesto, en la que también participaron representantes del sistema universitario. El texto propone que el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, salarios docentes y becas se actualice bimestralmente por inflación. También establece paritarias trimestrales y exige auditorías a cargo de la Auditoría General de la Nación. La iniciativa surge en un contexto de fuerte reclamo por parte de las universidades, que presentaron más de mil adhesiones en respaldo al proyecto. El oficialismo, por su parte, ya advirtió que en caso de ser aprobado, el presidente Milei volvería a vetar la norma, como ya ocurrió en 2024.

En paralelo, la oposición también consiguió un dictamen de mayoría con 65 firmas para declarar la emergencia sanitaria pediátrica por un plazo de un año. El proyecto contempla declarar al Hospital Garrahan como institución de referencia nacional, establece una mejora en las condiciones salariales del personal de guardia y exige la derogación de la resolución que modificó el régimen de residencias médicas. La iniciativa había sido demorada por el oficialismo, que bloqueó su tratamiento en comisiones. Sin embargo, tras un emplazamiento aprobado por el pleno, se forzó el debate y finalmente se logró un amplio consenso, del que participaron todos los bloques opositores, salvo La Libertad Avanza. También hubo dictámenes minoritarios del radicalismo, la Coalición Cívica y la izquierda.

Ambos proyectos representan un fuerte desafío político para el Gobierno, que enfrenta no sólo el riesgo de nuevas derrotas legislativas, sino también el desgaste de tener que vetar iniciativas de alto contenido social y con fuerte respaldo público. La estrategia opositora apunta a forzar la votación en el recinto antes del receso de invierno o, en su defecto, a principios de agosto, con el objetivo de instalar estos temas en el centro del debate político de cara a la segunda mitad del año. En ese escenario, los sectores opositores ya comenzaron a trabajar para reunir los dos tercios necesarios que permitan rechazar un eventual veto presidencial.

LOGRAMOS DICTAMEN PARA LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO ??

Si las universidades públicas no son una prioridad para este gobierno, los vamos a obligar a que lo sean.

Por el futuro de los pibes y pibas de la Argentina, EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD.

Que… pic.twitter.com/SVI0T1EmvA

— Sabrina Selva (@SabriSelva) July 8, 2025

El avance de estas iniciativas refleja no sólo el grado de unidad alcanzado por la oposición, sino también la creciente presión social sobre áreas críticas como la educación superior y la salud infantil. En ambas, la falta de recursos y la caída de los salarios han generado un clima de tensión que empieza a traducirse en decisiones legislativas concretas. El Congreso, que había sido escenario de múltiples derrotas para el oficialismo en los últimos meses, vuelve a tomar protagonismo como contrapeso al ajuste impulsado por el Ejecutivo. La incógnita ahora es si Milei volverá a optar por el veto o si cederá ante la evidencia de un consenso cada vez más amplio en temas que afectan directamente a la ciudadanía.

Próximos pasos

• Convocar sesión especial en Diputados (finales de julio o principios de agosto).

• Voto en recinto para tratar ambos proyectos y, de fallar veto presidencial, intentar superar el eventual rechazo con mayoría de dos tercios.

• Podría incluirse un dictamen único que combine financiamiento educativo y emergencia sanitaria pediátrica, para forzar aún más al Ejecutivo