Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento mantuvieron este miércoles una reunión informativa para comenzar a dar tratamiento a los proyectos que buscan reformar a la Ley 26.122 que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

La jugada arrancó la semana pasada, después que Javier Milei lograra que 84 legisladores blindaran su veto contra la ampliación presupuestaria para las universidades. Mientras el oficialismo celebraba, el cordobés Agost Carreño logró mocionar el emplazamiento para las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, para limitar las facultades presidenciales que le permiten a la Casa Rosada regir por decretos y vetos.

El encuentro se extendió por más de dos horas y media, al cabo de las cuales se acordó continuar la próxima semana con invitados. Pero teniendo en cuenta la cantidad que podrían ser convocados, diputados de la oposición pidieron adelantar la hora de convocatoria. Dejando claro que el oficialismo no tiene interés en acelerar el debate, el titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recordó que ese era el horario que había sido acordado en el emplazamiento y se mantuvo entonces el de las 17 como hora de inicio para las reuniones sucesivas. Que serían la próxima semana, con el objetivo de dictaminar en la siguiente.

Al respecto, Mayoraz aclaró que no nada obligaba a que debieran dictaminar ese día. Y desde el Pro se pronunciaron también porque el debate no sea apurado y que por el contrario se escuche a todos los especialistas que se deban escuchar.

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La comisión abordó los proyectos de modificación del Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

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— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 16, 2024

Sobre más de una decena de proyectos puestos a consideración, el diputado Agost Carreño defendió su texto y aportó que “es bastante restrictivo”, y planteó modificaciones sobre la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: “Que pase de 16 a 24 integrantes, que siempre esté constituida y funcionando, con plazos de 60 días para que se expidan las cámaras, con control de modificación sobre (los cambios a) leyes de fondo y que se esté acompañado por el acta de la reunión de ministros”.

También, propone que, con el rechazo de una Cámara, los decretos pierdan vigencia y que “se puedan aceptar modificaciones”. “Es una oportunidad de elevar la calidad institucional y no es en contra de ningún presidente, si no a favor de la República”, agregó Agost Carreño, quien sumó que “es inadmisible que tenga más valor un DNU que una ley y es dañino para la democracia, que entre en vigencia con una sola aprobación”.

Al igual que varios integrantes de la oposición dialoguista sugirió tomar como boceto al modelo de Brasil, el cual llama “medida provisoria” a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y regla que si no son tratados en los primeros 120 días, se derogan. También, le aclaró al oficialismo: “¿Por qué ahora? Porque hay predisposición de varios bloques y a partir del DNU 70 se despertaron incógnitas”.

Criticó, además, que medidas que se bajaron de la Ley de Bases estén saliendo por decreto de necesidad y urgencia; al igual que varios dialoguistas fue crítico del DNU 70/2023: “No hubo en la historia uno tan extenso”; y cerró: “No podemos permitir que un presidente derogue por DNU los cambios buenos de cualquier gobierno”, y con esto “vamos a lograr calidad institucional”, concluyó.

El emplazamiento fijado en recinto la semana pasada determina que el plenario de comisiones debe dictaminar el próximo 30 de octubre. Hasta entonces, desfilarán especialistas y los opositores tratarán de consensuar un dictamen que reúna las firmas de la mayoría.