Por eso la reunión de ayer de la comisión que preside José Luis Espert terminó abierta y se pasó a un cuarto intermedio para el martes a la tarde. Se abrió una ventana de espera –y de rosca política–, atentos a que por la tarde los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en pleno microcentro porteño. 

Los reclamos de los mandatarios son variados, pero principalmente tienen que ver con cuestiones de caja. Intentan descomprimir el corset a las cuentas públicas que Javier Milei propone con la regla fiscal del artículo 1 del presupuesto: si hay superávit, habrá dinero para repartir; sino, el ajuste llegará a todos. 

Si la promesa del Gobierno de que habría cambios motivó a las provincias a presionar a varios diputados –de todos los colores políticos, incluido el peronismo– para que se bajen a último momento de la sesión del martes pasado que buscaba limitar los DNU del Presidente, en las últimas horas las discusiones no avanzaron. “Los asuntos con los gobernadores están bastante trabados”, admitió un importante operador opositor que trabaja codo a codo con los libertarios en la Cámara baja.

Esa demora motivó la cumbre en el CFI. Hubo presencias físicas y otras por Zoom. La formalidad de la convocatoria a los 24 gobernadores en realidad tuvo que ver con cuestiones de logística entre las provincias, pero se conversó sobre el presupuesto.

Los puntos que exigen los gobernadores tienen que ver con la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), la deuda de las cajas provinciales de jubilaciones y el avance de obras públicas. 

Un ítem que se incorporó a la discusión recientemente fue que algunas de las 400 propiedades que el Estado nacional quiere vender se traspasen a las provincias a modo de “parte de pago”, señaló una fuente parlamentaria que sigue las negociaciones de una provincia del Litoral.  

Otro de los puntos que la oposición ya anticipó que no está dispuesta a acompañar es la ratificación del decreto sobre actualización de las jubilaciones, pero sí en cambio que se establezca la movilidad de los haberes de la clase pasiva. Desde los bloques opositores quieren mantener la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares. Por su lado, el oficialismo quiere mantener las atribuciones que se otorga al Gobierno para renegociar con mayor flexibilidad el canje de deuda, aunque es probable que no tenga los votos para aprobar este ítem.

“Se discutieron todos los temas de cara al presupuesto”, apuntaron en una provincia gobernada por el PRO. El cónclave lo motorizó el amarillo Nacho Torres (Chubut), y asistieron los kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), y el ministro Jaime Alvarez de Santa Cruz. Otros como los peronistas Martín Llaryora (Córdoba) y Sergio Ziliotto (La Pampa) o el radical Gustavo Valdés (Corrientes) estuvieron de manera virtual. El anfitrión formal de la cumbre fue Ignacio Lamothe, titular del CFI de extracción peronista pero diálogo con todos los mandatarios.

Más temprano había estado por Buenos Aires el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, pero no fue al CFI: pasó temprano por la Casa Rosada.

La rosca entre los gobernadores y la Nación es en definitiva lo que demora una definición del Presupuesto 2025 en Diputados. La reunión de este jueves en la comisión de la Cámara baja sirvió solo para retomar la agenda parlamentaria después de dos semanas de parate, pero no hubo avances significativos. De hecho la oposición reclamó que la ausencia de voces libertarias es un signo de que Milei no quiere contar con una Ley de Leyes.

“Le pregunto a usted diputado Espert si están dispuestos a hacer cambios al dictamen del Presupuesto 2025. Las negociaciones tienen que ser transparentes y claras. Queremos saber si los cambios que piden los gobernadores se aceptarán”, espetó en la comisión el Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, el flamante bloque que armaron los radicales referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau.

Por fuera del juego de Rodrigo de Loredo, que está en las conversaciones finas con La Libertad AVanza, este puñado de radicales disidentes tiene terminales propias con otros gobernadores del espacio: puntualmente Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). “No hay intención de firmar en disidencia el dictamen de mayoría como harán otros bloques opositores. Se verá si terminan de redactar un dictamen de minoría o se abstienen de firmar dictámenes”, plantearon en el espacio de Manes-Lousteau. 

Este jueves Unión por la Patria anunció que presentará un dictamen propio, y lo propio hará la izquierda, siempre en rechazo a la propuesta oficialista de ajuste. 

Las señales de estas horas indican que si el martes próximo el oficialismo avanza con un dictamen conjunto con el PRO y la UCR de De Loredo –así sea en disidencia–, se buscará la media sanción para el jueves.