Mientras la Casa Rosada insiste con la ficción de la estabilización macroeconómica, el Gran Buenos Aires asume el costo real del "déficit cero". En un escenario de desempleo al alza, pérdida de poder adquisitivo de los sectores asalariados y un retiro absoluto de la asistencia nacional, los jefes comunales peronistas tejen una red de emergencia con el Episcopado y Cáritas para sostener los comedores parroquiales y los barrios.

La rosca política en la provincia de Buenos Aires ya no pasa por las candidaturas del año electoral, sino por un ejercicio diario de supervivencia social. Con los indicadores de pobreza e indigencia perforando los techos históricos del conurbano tras la devaluación y la desregulación de precios aplicadas por la gestión de Javier Milei y Luis Caputo, los intendentes se enfrentan al peor de los escenarios: una demanda de asistencia alimentaria que se duplicó en el último año frente a recursos locales que caen por la brutal recesión económica.

Ante el desmantelamiento de los programas de asistencia alimentaria por parte del Ministerio de Capital Humano, los alcaldes del Gran Buenos Aires decidieron formalizar y profundizar una alianza estratégica de cara al invierno: el trabajo directo en el territorio junto a la Iglesia Católica.

 

Las reuniones de coordinación institucional se multiplicaron en las últimas semanas. Uno de los movimientos de mayor peso político fue el encuentro entre una nutrida comitiva del peronismo bonaerense con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezada por su presidente, monseñor Marcelo Colombo.

Allí estuvieron presentes los intendentes que gobiernan los distritos más densamente poblados de la provincia: Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También formaron parte de la comitiva el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis (quien articuló el nexo político), el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el histórico dirigente Alberto Descalzo.

Por otra parte, y en paralelo a la estructura central del Episcopado, los jefes comunales de la Tercera Sección Electoral reforzaron las mesas locales de emergencia. Es el caso de Federico Otermín en Lomas de Zamora, quien mantiene línea directa con el obispo de la diócesis local, monseñor Jorge Lugones, para coordinar la logística en las barriadas del sur. 

Federico Otermin, recorrió el barrio El Cocho junto al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, con quien recorrió la finalización una la obra de saneamiento hídrico. El barrio el Corcho forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares y está compuesto por ocho manzanas donde viven más de 4.500 personas.

"Nosotros creemos que la salida es en comunidad y este es un ejemplo de eso, una obra que surgió desde el obispo, desde la capilla, desde la comunidad, y que entre todos pudimos hacer", dijo Otermin.

Datos duros: La clase media baja y los asalariados, empujados a Cáritas

Los datos que manejan tanto los intendentes como los obispos en el territorio derriban el relato oficial del "sacrificio con salida" que promueven los libertarios. En las parroquias y comedores del conurbano se observa un fenómeno inédito desde la crisis del 2001: la llegada masiva de trabajadores asalariados de clase media baja y cuentapropistas que, aun teniendo un empleo formal o informal, ya no cubren la Canasta Básica Total (CBT) debido a los tarifazos de servicios públicos y el precio de los alimentos.

La radiografía del desborde social:

• Colapso de asistencia de calle: Referentes locales de Cáritas arrojaron cifras alarmantes que exponen la velocidad de la crisis. En las primeras semanas del año, unas 25 personas en situación de calle por día utilizaban los espacios de duchas de la organización; hoy, la cifra ascendió de forma abrupta a 60 personas diarias, con un fuerte crecimiento de población muy joven que fue expulsada recientemente del mercado laboral informal o la construcción.
• Emergencia alimentaria oculta: Según estimaciones de los equipos sociales de los municipios de la Tercera y Primera Sección, la demanda de alimentos en los centros vecinales creció entre un 60% y un 80%. Al mismo tiempo, las parroquias sufrieron el recorte de fondos y mercaderías de origen nacional, quedando desamparadas a la par de los municipios.
• Consecuencias colaterales: En los encuentros con la Iglesia, tanto Katopodis como las intendentas y los intendentes advirtieron que la combinación de desocupación, endeudamiento familiar para pagar servicios básicos y la falta de un horizonte económico está derivando en un incremento de la violencia intrafamiliar y un crecimiento preocupante del consumo de sustancias (alcohol y drogas) en los barrios vulnerables, todo bajo el marco del aumento de la inseguridad.

El diagnóstico político:

En el peronismo territorial la conclusión es unánime: la soga social está tensada al límite. "Existe una aceleración de la crisis estructural muy fuerte", señalan los intendentes, criticando a una administración nacional que definen como "encerrada en variables financieras, desconectada de la realidad social y sin ningún tipo de reacción política".

El plan de contingencia de los jefes comunales con la Iglesia busca suplir la ausencia de un Estado nacional que abdicó de sus responsabilidades de infraestructura, desarrollo social y salud pública. Mientras el Palacio de Hacienda prioriza los vencimientos de deuda y el superávit de los números fiscales, los municipios y los curas de opción por los pobres terminan siendo el último mostrador que amortigua el desamparo de millones de argentinos que ven disolverse su calidad de vida semana tras semana.