Marcha atrás del gobierno: Para evitar un revés en la bicameral, el Gobierno convocó a extraordinarias para debatir la reforma de la ley de ART
08 de febrero de 2017
El decreto se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. El llamado se extiende desde el 10 al 28 de febrero. El proyecto con media sanción debe ser tratado por la Cámara de Diputados. El debate en comisión comienza el martes próximo.
El Gobierno oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias desde este viernes 10 hasta el 28 de febrero, para tratar la reforma del régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que ya había modificado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Anticipandose al posible dictamen de rechazo que podía emitir esta tarde la Bicameral de Trámite Legislativo, Mauricio Macri resolvió finalmente completar el recorrido legislativo del proyecto, posibilitando así que la Cámara de Diputados debata la iniciativa que el Senado aprobó en su última sesión del año, el 21 de diciembre pasado.
El llamado a extraordinarias se estableció mediante la publicación del Decreto 91/2017, en el Boletín Oficial este miércoles.
Pese al cambio, el presidente de la Bicameral, Marcos Cleri, confirmó que ese cuerpo se reunirá para tratar de sacar dictamen contrario al DNU firmado oportunamente por Macri, con el objeto de evitar una catarata de juicios que esperaban el final de la feria judicial en febrero para entrar a los juzgados.
La comisión entonces debatirá este miércoles, desde las 16 en el Salón Delia Parodi, con la participación de los principales líderes sindicales –de la CGT unificada y las dos CTA-, representantes de la Unión Industrial Argentina y asociaciones de abogados.
Dentro del cuerpo, el Frente para la Victoria-PJ cuenta con un peso significativo: tiene la mitad de los miembros. Desde el espacio ya expresaron el rechazo al DNU por considerarlo “inconstitucional”. La posición en contra más acérrima viene por parte de los diputados Marcos Cleri, Juliana Di Tullio y Diana Conti, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Por su parte, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Graciela de la Rosa, Juan Manuel Irrazábal y Juan Mario Pais estarían entre la disyuntiva de la negativa y la abstención. Cabe recordar que el FpV-PJ del Senado votó a favor de la ley cuando recibió la media sanción.
Ahora, con este giro imprevisto y sabiendo que la norma seguirá su curso parlamentario, es decir, será tratada en el recinto de Diputados, el kirchnerismo podría insistir con la negativa y evitar así que el espacio vote dividido. Pero declarar inválido el DNU ya no tendrá el mayor sentido.
Los otros dos integrantes opositores en la Bicameral son el diputado massista Raúl Pérez y el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá -que estuvo ausente en la reunión de la semana pasada-. El resto de los miembros son seis y pertenecen a Cambiemos.
En caso de que haya la misma cantidad de votos por la afirmativa y por la negativa, el presidente de la Bicameral, el camporista Marcos Cleri, tiene la competencia de desempate. Sin dudas, su balanza siempre se inclina por el FpV-PJ, bloque que integra.
Entre los invitados a la reunión figuran también los diputados Mario Negri (UCR), Facundo Moyano (FR), Héctor Recalde (FpV-PJ), Néstor Pitrola (FIT), Alberto Roberti (Justicialista) y Francisco Furlán (FpV-PJ); estos dos últimos son presidente y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, respectivamente.
La decisión del Gobierno se tomó este martes por la noche luego de negociaciones entre el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del FpV-PJ del Senado, Miguel Ángel Pichetto. Mediante el acuerdo con el massismo, Cambiemos contaría con los votos para poder sancionar la ley, tal cual salió de la Cámara alta en diciembre.
El próximo martes 14 las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de Diputados tratarán la media sanción que se convertiría en ley un día después o el miércoles 22.
A partir de la modificación al sistema de las ART, se establece que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales “constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención”, antes de que el trabajador inicie cualquier reclamo por contingencia o enfermedad laboral.
Señala que esa es una condición para que “el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
El texto agrega en los fundamentos que “en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales”