Con el envión de los cambios laborales en Brasil y el paréntesis legislativo que abrirá la campaña electoral durante el próximo trimestre, el Gobierno comenzó a trabajar en el diseño de la reforma laboral que alentará tras los comicios, una apuesta que se propone avanzar sobre tres ejes ambiciosos: la flexibilización de los convenios colectivos de actividad, el impulso a los contratos individuales o por empresa con la inclusión de nuevas categorías de trabajo y la reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales o alícuotas de ART.

Desde la administración de Mauricio Macri reconocieron que la reforma laboral sancionada la semana pasada en Brasil fue como un "meteorito" que aceleró sus planes de poner en debate posibles modificaciones en el mundo del trabajo y, en línea con los reclamos del sector empresario, advirtieron que esa realidad impone "readecuar" las regulaciones laborales locales para evitar problemas de competitividad. "Todos los actores tenemos que mirar lo que ocurre en Brasil y adaptarnos a los cambios que se vienen para contener a la mayor gente posible", argumentaron fuentes del Ejecutivo.

Al respecto, en la Casa Rosada insistieron en que la discusión sobre la reforma se dará después de octubre ("el Congreso no está hoy para encarar ahora este debate", afirman), y descuentan que los cambios serán producto del acuerdo entre referentes sindicales y empresarios, además de sumar la influencia de los gobernadores con su representación parlamentaria. "Van a ser clave, porque saben que si se les cae una empresas en sus provincias para ir a Brasil no tienen forma de reemplazarla", planteó un funcionario y confió en que "la mayoría de la CGT va a acompañar" por la necesidad de recuperar el empleo.

Pese al antecedente de la reforma brasileña, en el Gobierno diferenciaron aspectos "valiosos" de la ley impulsada por la gestión de Michel Temer que podrían replicarse en la Argentina, de otros que definieron como medidas "pour la gallery", como el caso del establecimiento de la jornada laboral de 12 horas con 36 de descanso que ya existe en algunas actividades de la industria local.

En cambio, la apuesta oficial contempla la intención de reproducir de la flamante legislación brasileña la idea de fortalecer los contratos individuales o por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad para la negociación de condiciones de trabajo.

Ese esquema, además, supondría la regulación de nuevas categorías laborales, como la figura del trabajador autónomo o monotributista dependiente y exclusivo, que puede prestar servicios para un único empleador sin un vínculo laboral permanente o la figura del "teletrabajo" con la imposibilidad del cobro de horas extras. "Hay una preocupación por facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y atender a complejidad de la composición laboral donde aparecen trabajadores de servicios que son proveedores de servicios en sí mismo, como el caso de los choferes de Uber", ejemplificaron las fuentes.

En paralelo, también se alentaría la revisión de los convenios colectivos de actividad para "adaptarlos a la realidad actual del empleo" y de esa forma resolver dificultades como el ausentismo, la multifuncionalidad (revisando categorías blindadas) o las necesidades de nuevos procesos productivos.

A su vez, en el afán de reducir costos laborales, en el Ejecutivo proyectan la aliminación de algunos aportes "específicos" a sindicatos y cámaras empresarias que se fijan en los acuerdos paritarios, rebajar las alícuotas que cobran las aseguradoras del sistema de riesgos del trabajo y disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios de base de diferentes actividades. También se suma a ello la iniciativa de revisar el sistema de salud (fundamentalmente obras sociales sindicales) para "mejorar la calidad" e incrementar el apoyo fiscal para alentar la contratación de nuevos trabajadores.

El objetivo del Gobierno es que esas propuesta de cambios más de fondo se incorporen al paquete de iniciativas que ya discute con sectores empresarios y gremiales, y que contempla un amplio blanqueo laboral y la creación de una agencia tripartita destinada implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación.