A través de la resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación publicada en el Boletín Oficial, se anulan las sanciones que habían sido implementadas por “no desempeñar digna, eficaz y responsablemente funciones inherentes al cargo, y no cumplimentar la apertura y cierre del edificio escolar” durante el cese de actividades llevadas a cabo en 2018.

En el mismo sentido, el texto oficial dispone "absolver" a los docentes que aún continúan siendo investigados y no se logró acreditar la transgresión a una falta administrativa, y se ordena el cierre de la instrucción de sumarios realizados a directivos que no habían supervisado o ratificado las planillas de control docente y personal administrativo.

Además, se agregan anulan los sumarios iniciados por "confeccionar y suscribir el contralor docente y administrativo con datos apócrifos" para "no consignar las inasistencias"

"El contexto de las medidas de fuerza traídas formalmente a reproche se enmarca dentro del legítimo ejercicio del derecho a huelga constitucionalmente amparado, lo que imposibilitó garantizar la apertura de establecimientos educativos", especifica la resolución entre los argumentos. 

Desde los gremios docentes ya habían cuestionado los sumarios iniciados contra maestros al considerar que configuraban una "persecución gremial", e interpusieron una demanda de amparo sindical contra el Ministerio de Educación que tramitó en el Tribunal de Trabajo N° 3 de la ciudad de La Plata.