La mayoría de los mandatarios consultados  detecta un alza de homicidios, hurtos o delitos contra la propiedad en los últimos meses. No solo alertan sobre la profundización de nuevas modalidades -como el robo de cables y otras piezas de cobre en hospitales y escuelas públicas-, sino sobre los riesgos de un clima social complejo en las zonas más postergadas -villas o asentamientos- por los coletazos del ajuste fiscal y la suba del desempleo. De hecho, ya se cerraron 275.000 cuentas sueldo en los primeros tres meses del año y el índice de pobreza está en torno al 50% de la población, según estimaciones privadas -el estudio de la Universidad Torcuato Di Tella calculó que trepó al 49% en el primer semestre del año-. El último dato disponible del Indec es el del segundo trimestre de 2023, cuando llegó al 41,7%.

Si bien todavía no fueron publicados los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), gobernadores e intendentes y especialistas del área alertan sobre un incremento de los robos de autos y hurtos. En el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Bullrich, son cautos y esperan a procesar los datos que reciben de las provincias para trazar un diagnóstico. “No vemos un incremento o brote por el clima de recesión. Sí hay jóvenes que caen en prácticas delictivas por la situación social”, aseguran fuentes de la cartera de Bullrich.

Pese a que lucen optimistas y confían en lograr resultados aplicando la receta represiva, parte de la batalla cultural de Milei, la inseguridad se mantiene en el tope de las preocupaciones ciudadanas. Según una encuesta realizada el mes pasado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA en once conglomerados urbanos del país, un 71% de los ciudadanos cree que el problema de la inseguridad es “extremadamente grave”. Y un 63% considera que aumentó “mucho o algo” en el último año.

En la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof se recuesta en Javier Alonso, un dirigente de confianza de Sergio Berni, también detectan un aumento del delito -impacta, sobre todo, en las denuncias de robos de automotores- por el shock recesivo del plan de Milei. “La suba es proporcional. Es matemática pura, hasta la ONU lo dice en sus informes”, argumentan.

En el conurbano hay un hartazgo acumulado tras décadas de impotencia frente a la ola de inseguridad y el avance del narcotráfico. Según los últimos datos disponibles de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, los departamentos judiciales con más delitos en 2023 fueron Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, Morón, La Plata, San Martín y Quilmes. En tanto, General Rodríguez, Moreno y La Matanza están entre las zonas más peligrosas del oeste.

“Se suele asociar el empeoramiento de la situación económica con el aumento del delito, no al revés. Hay una serie de problemas que se agudizan. Hay que estar atentos a la expansión de los circuitos de narcomenudeo y narcotráfico o el delito contra la propiedad más amateur”, remarca la socióloga Angela Oyhandy, directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad de La Plata.

En la Ciudad también notan una suba de los delitos no violentos y hurtos desde noviembre por el deterioro de la situación socioeconómica. “El clima social está complicado”, admiten en el gobierno de Jorge Macri.