El Vicepresidente del PJ, Fernando Gray, se reunió hoy con miembros de las 22 organizaciones del Frente Agropecuario Regional Campesino, en La Plata, a quienes les manifestó la necesidad de "estar unidos para hacerle frente a la apertura indiscriminada de importaciones", oportunidad en la que también se proyectó una batería de leyes para fortalecer y cuidar al sector.

"Vinimos a escuchar a los productores para generar proyectos y mejorar las condiciones para el sector agrícola", enfatizó Gray, acompañado por los intendentes Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Santiago Maggiotti (Navarro).

Asimismo, se desgranaron aspectos referidos a proyectos de ley para tarifa diferenciada y Ley de Arrendamiento acorde a la realidad del sector.

En medio de un clima de reclamos del sector agrícola al Gobierno, el PJ busca generar una agenda que contenga las principales problemáticas de los productores bonaerenses.

Durante el encuentro, los representantes de la mesa Agropecuaria comenzaron a delinear junto a los productores un paquete de leyes que contenga los principales reclamos del sector en la provincia de Buenos Aires.

A poco de cumplirse diez años de la resolución 125 -y aunque hay sectores productivos cercanos al gobierno- los productores bonaerenses se encuentran en tensión permanente, atravesados por situaciones coyunturales que complican al sector.

Principalmente, los productores expresaron su preocupación por el aumento de las tarifas, la apertura de importaciones y la suba del dólar.

Entre el cinturón de Mar del Plata y La Plata, se abastece el 70 por ciento de la demanda de la provincia y, aunque es un sector fuerte, contiene también serios problemas estructurales.

Una de las principales demandas de los productores responde a la situación de vulnerabilidad en que los ubica la falta de una ley de arrendamiento acorde a la realidad del sector.

Además, hay una fuerte preocupación expresada por los productores acerca del posible tratamiento de una ley de semillas, a favor de sectores corporativos.

Una ley de semillas de estas características, vendría a zanjar las diferencias entre empresas líderes del mercado -como Monsanto- y los productores quedarían en desventaja no sólo por la rentabilidad, sino condicionados por los precios que pueden establecer las grandes semilleras.

Es que con la creciente reducción de la transferencia de semilla sin cargo, los productores se encuentran obligados a comprar semillas genéticamente modificadas y, si cada vez que siembran tiene que pagar el costo adicional, el precio de la semilla se concentra en 3 o 4 grandes operadores.

En un año complejo desde lo climático y frente al aumento de los servicios que impacta sobre los productores, el sector también reclama por la imposibilidad de llegar a la góndola sin intermediarios que inflan los precios y contra la apertura indiscriminada de importaciones.