El mes de noviembre registró 17 femicidios, algunos de ellos con un fuerte impacto social, como los asesinatos de Aralí Vivas y Fabiana Sirino, niñas de 8 años que fueron abusadas y luego asesinadas en Córdoba y Misiones, respectivamente.

Asimismo, el informe menciona el asesinato de Rita Pilar Almirón, una mujer trans asesinada por su pareja en Entre Ríos, y la investigación de un posible transfemicidio en Bahía Blanca, que involucra a la activista Rosario Sansone.

Por su parte, el Observatorio Lucía Pérez contabilizó también 277 femicidios y travesticidios en todo el país y detalló que 161 niños y niñas quedaron huérfanos en lo que va del año debido a este tipo de crímenes.

Además, destacó también el dato de que más de 20 niñas y adolescentes fueron asesinadas en femicidios durante 2024, incluyendo el caso de Mía Morena Zapata, de 16 años, ocurrido en González Catán.

El informe del Observatorio Lucía Pérez -primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal- reveló que en lo que va del año, se llevaron a cabo 268 marchas contra la violencia patriarcal en todo el país. En el último mes de octubre se registraron 18 femicidios en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Salta y Tucumán; y 2 travesticidios, ambos en la provincia de Buenos Aires. 

El informe de la Corte Suprema

También con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió los datos de su último relevamiento anual, correspondiente a 2023, que afirma que un promedio de dos mujeres por día denunciaron ser víctimas de este tipo de agresiones en el hogar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Durante el año pasado, los equipos interdisciplinarios de la OVD registraron los casos de 606 mujeres mayores de 18 años que denunciaron haber sufrido violencia sexual en un contexto doméstico.

Según el informe, el 93% de estas mujeres reportaron agresiones sexuales con contacto físico. En el 84% de los casos, el agresor era una pareja o expareja, y el 57% de los episodios ocurrieron en viviendas compartidas.

El tiempo promedio de vínculo entre las víctimas y los denunciados fue de 10 años, con una duración media del maltrato de 8 años.

Entre las 606 mujeres evaluadas, se identificaron diversos factores de vulnerabilidad. El 46% eran migrantes internas o externas, el 5% tenía algún tipo de discapacidad, el 4% pertenecía a pueblos originarios, y el 1% era afrodescendiente. Además, el 22% no contaba con ingresos propios y el 54% carecía de cobertura de salud, lo que refleja las barreras estructurales que dificultan la denuncia y el acceso a la justicia.

Además, solo el 19% de las víctimas de femicidios había denunciado previamente a su agresor, y apenas el 9% contaba con medidas de protección vigentes.