Por unanimidad también se aprobó la ley de 1000 días, abocada a proteger a la embarazadas y a los niños, ideada para acercar posiciones con la iglesia, pero que no evitó una queja del Papa Francisco antes de iniciar la sesión. 

La sanción de la IVE llegó con 38 positivos, uno más que lo necesario para la mayoría simple, contra 29 en contra y una sola abstención. Y terminó con décadas de peregrinaje por las comisiones del Congreso de organizaciones de mujeres, que habían tenido su punto más alto en 2018 cuando la ley se aprobó en Diputados pero fue rechazada en el Senado. 

El Frente de Todos y Cambiemos votaron divididos, aunque entre los primeros hubo predominio verde y varias ayudas que llegaron a último momento con mucho esfuerzo de la Casa Rosada, que se hizo sentir con un permanente desfile de funcionarios por el Congreso.  

La ley habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse a los 10 días de su solicitud y las obras sociales y prepagas tendrán que incorporarla al Programa Médico Obligatorio (PMO). Aunque los funcionarios que trabajaron en el proyecto insistieron en que en la mayoría de los casos se realizarán mediante la ingesta de fármacos, que se importarán al por mayor, y por lo tanto no serán necesarias las internaciones.

Los celestes esperaron en vano el pronunciamiento de los dubitativos, pero sobre la medianoche aceptaron la derrota y se abocaron a su próxima batalla, que será impedir la aplicación de la ley en Tribunales. "A lo largo y ancho de la Argentina se presentarán recursos hasta que un juez la declare inconstitucional", anticipó la radical Silvia Elías de Pérez, referente del grupo. 

Alberto logró cumplir con una de sus promesas de campaña, cuando anticipó que pediría despenalizar a las mujeres que se practican un aborto. "Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", festejó por twitter. En realidad, fue luego de ganar las elecciones que el presidente anticipó que enviaría un proyecto de ley y lo ratificó en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La pandemia lo postergó pero en noviembre el proyecto llegó a Diputados, donde se aprobó el 10 de diciembre. 

La pelea más fuerte sería en el Senado, donde los fantasmas volvieron el 17 de diciembre cuando estuvo a punto de caerse el dictamen de comisión. Y hasta hace una semana no era posible confirmar los 37 votos necesarios para habilitar la votación sancionar la ley sin riesgos. 

La radical entrerriana Stella Olalla y la neuquina Lucila Crexell, del interbloque federal, pasadas las 21 horas confinaron que votarían a favor y que sólo habían mantenido un silencio estratégico. Olalla fue la última esperanza de los celestes de poder torcer la historia con una última tanda de llamados, pero confirmó que nunca estuvo en sus planes boicotear la ley, pese a que participaba de sus grupos de whatsapp. 

"Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados", señaló la entrerriana desde su casa, donde sesionó por teleconferencia como la mayoría de los senadores. Sólo una docena están habilitados a permanecer en el recinto, aunque con un sistema de rotación que permite que sean más.  

Crexell, que se había abstenido en 2018, leyó su tan esperado discurso desde una banca. "No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país", se justificó. Confesó que pidió sin éxito poner la semana 12 de gestación como tope. 

Los celestes tampoco pudieron sumar a los dos ausentes que podían ayudarlos a dar pelea. El tucumano José Alperovich tiene licencia por una denuncia de violencia de género y para evitar que se conectara igual ni bien comenzó la sesión Cristina Kirchner puso a consideración la renovación. Nadie se opuso. 

Carlos Menem permanece en coma inducido y su hija Zulema anunció que no podría votar recién pasada la medianoche, cuando la historia estaba escrita. Por la tarde sobraban rumores sobre una conexión épica si fuera necesario. 

A los discursos de Olalla y Crexell se sumó el del salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, quien votó en contra en 2018, cuando era diputado, se había negado a firmar el dictamen pero tras una reunión con Alberto se comprometió a ayudar con la ley y así lo hizo.