La iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, se debatirá este jueves 4 de junio en Senadores durante su tercera sesión virtual. Pero en el Senado no hubo quorum.

La excusa fue casi trivial: la oposición se amparó en que la Cámara está habilitada para tratar únicamente temas vinculados a la pandemia COVID 19, por lo cual no correspondía abordar la norma hoy. También quedó pendiente el proyecto de Ley de Educación a Distancia. 

Desde el oficialismo tiraron la bronca. "Es muy triste y escandaloso, acabamos de tener una votación en la que la oposición se niega a tratar un tema con amplia mayoría de la Cámara de Diputados y con un temario que ya veníamos hablando", señaló la senadora Anabel Fernández Sagasti.

"Esta es la actitud de irresponsabilidad: son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino y si no hacemos lo que ellos quieren se levantan y se retiran", dijo por su parte el senador Mayans. 

El debate continuó pero centrado en la delegacion de facultades al Poder Ejecutivo, implementado mediante el DNU 457/20 que requiere ratificación del Congreso. La medida modifica el presupuesto nacional para ejercicio 2020, transfiriendo fondos a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, para su reasignación a políticas públicas que resulten estratégicas para abordar la emergencia del Covid19.

La oposición rechaza la medida y considera que se trata de darle "superpoderes" al Jefe de Gabinete. Para el oficialismo se trata únicamente de darle "facultades para compensar gastos que permitan aumentar los recursos destinados a enfrentar la pandemia".

Los puntos centrales del proyecto de Ley de Alquileres son los siguientes:

-Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a los contratos de locación que tendrán como plazo mínimo, tres años.

-Extensión de dos a tres años los contratos de alquiler.

-El pago de expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario.

-Se reduce a un mes de alquiler el monto del depósito.

-Se regulan los arreglos de la vivienda, facilitando la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler.

-Los ajustes en los contratos deberán efectuarse utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

-Se pasan a contemplar distintas opciones para facilitar las garantías para los inquilinos, más allá de la garantía inmobiliaria.

-Se determina que el contrato debe ser declarado ante la AFIP.

-Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario.

-El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.

- El locador debe intimar fehacientemente al locatario dando un plazo no menor a 10 días corridos de recibida la notificación y lugar de pago previo a la acción judicial de desalojo.

-Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad.