La votación resultó con 37 votos a favor, del Frente de Todos, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y 31 votos en contra, de Juntos por el Cambio y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

El proyecto diseñado por el kirchnerista Oscar Parrilli fue presentado días después que se sancionara la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI, que dividió al Frente de Todos en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa fue girada ahora a la Cámara de Diputados, donde los números para el oficialismo asoman siempre más complicados a la hora de las negociaciones para alcanzar una mayoría necesaria.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

La oposición justificó su rechazo en que se trata de un blanqueo innecesario porque entienden que la AFIP ya tiene instrumentos para presionar evasores, que en este caso resultarían favorecidos. En el oficialismo dicen que no es un blanqueo porque no es voluntario, sino que se induce a declarar a partir de la ley y de mayores herramientas al organismo recaudador.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

El Debate

Fue el pampeano Daniel Bensusán el encargado de abrir la ronda de oradores, quien explicó los aspectos técnicos de la iniciativa, los objetivos y beneficios. Previamente apuntó contra la gestión de Cambiemos por “las desacertadas políticas económicas que nos trajeron hoy en esta situación de deuda”.

“Nuestro país atraviesa una situación crítica en lo que se refiere a deuda externa. De irresponsabilidad política y financiera se expresó en el acuerdo Stand By suscripto en el 2018 con el FMI”, advirtió y señaló que fue el “mayor crédito otorgado en la historia del organismo, en condiciones imposibles de cumplir. No fue destinado ni un solo dólar a la salud, a la educación, a la vivienda, ala inversión en industria”. “Los sujetos obligados a esta iniciativa son los que fugaron capitales generados en el país y no los declararon”

Abocado al proyecto, señaló que tiene como objetivo la creación de un fondo que se va a conformar con los recursos provenientes de los pagos que se aplicarán sobre bienes situados y/o radicados en el exterior de personas humanas, jurídicas todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley y que no hayan sido declarados ante la AFIP.

Por otro lado, explicó que la administración y gestión del Fondo estará a cargo del Ministerio de Economía; el control, fiscalización y supervisión recaerán sobre la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la deuda; las alícuotas varían de acuerdo a cuándo se realiza el pago que deberá ser en dólares.