El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.

Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).

Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.

Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.

Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.

La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.

En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.

ASPECTOS CLAVES

A partir de la sanción de esta nueva norma, los alquileres deberán ajustarse en base una fórmula conformado en partes iguales por las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC), que publica el Indec, y por el de variación salarial, conocido como Ripte.

El plazo mínimo del vínculo contractual entre las partes pasará a ser de tres años, cuando en la actualidad es de dos. El texto también fija nuevos plazos para los desalojos, más beneficiosos para los inquilinos, y deja asentado de manera explícita que las expensas extraordinarias, aquellas relacionadas con arreglos estructurales de la vivienda o el edificio, deberán ser pagadas por el propietario del inmueble.

Además, amplía el abanico de posibilidades que tendrán los inquilinos para ofrecer como garantía del cumplimiento pago del alquiler. De esta manera, al respaldo inmobiliario, es decir con otra propiedad de un tercero, se sumarán otras posibilidades, como las fianzas bancarias.

El depósito del contrato se fija en la suma equivalente a un mes de alquiler y se establece que locatario e inquilino deberán abonar una comisión al agente inmobiliario que participe en la operación.