Senadores del peronismo se plantaron este miércoles frente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en alerta máxima por la reforma impositiva que el Gobierno someterá a discusión. Y es que algunas provincias se verían particularmente afectadas, como Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, por el gravamen a los vinos y la quita del arancel por importaciones de artículos de electrónica, una industria fundamental para los fueguinos.

Uno de los legisladores más duros en este sentido fue José “Nato” Ojeda (PJ-FpV). “Condenan a Tierra del Fuego a un estallido”, denunció, y agregó que la medida “implica que los productos que se fabrican en la provincia ya no tienen sentido de ser fabricados”, por lo que “hoy los sueños se convirtieron en pesadillas” en la provincia.

Ojeda aseveró que los funcionarios de su distrito “no fueron consultados” sobre la reforma. “Por algo ayer la gobernadora se puso a la cabeza del reclamo, y atrás de la gobernadora se encolumnó toda la fuerza política de Tierra del Fuego”, dijo. En efecto, apenas se conocieron detalles de la propuesta oficial, Rosana Bertone pidió una audiencia urgente con el presidente Mauricio Macri, a quien escuchó en persona este lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

De acuerdo a la iniciativa presentada este martes por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el impuesto interno a los celulares, televisores, monitores y productos similares bajará del 17% al 0%.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti y el sanjuanino Ruperto Godoy encabezaron las críticas por el gravamen a los vinos y sidras, que tendrán una alícuota de hasta el 10% -hoy no tributan nada-. Para las bebidas espumantes y el champagne, que tampoco pagan, el impuesto será de hasta el 17%, mientras que las cervezas, que pagan una alícuota del 8% pasarían a pagar 17%, y el whisky y el coñac tendrán una suba del 20 al 29%.

“Le mintieron en la cara a la industria vitivinícola, a los productores, porque hace unos meses les negaron estar pensando en un impuesto al sector”, bramó Fernández Sagasti, quien exigió dar marcha atrás con ese plan. “El vino es parte de la tradición y la cultura de todos los argentinos, y con este ‘impuestazo’ el vino pasa de ser una bebida nacional a ser una bebida perjudicial para la salud”, lamentó.

Godoy, en tanto, coincidió en que “los costos se los van a transferir al productor”. “Si se habla de consenso y de diálogo, tienen que conversar con los gobernadores y los distintos sectores”, sugirió a Peña, y añadió que “la industria del vino, en el caso de San Juan es representativa”.

Por su parte, la catamarqueña Inés Blas confesó que “la presentación de los ejes del reformismo significó la profundización de la incertidumbre que las provincias venimos sintiendo en el último tiempo en relación a la disminución de los fondos coparticipables”. Además, preguntó “con qué criterio se procederá a desvincular trabajadores, si se piensa en reducir el empleo público”.