Es que, los educadores de las distintas casas de estudio sostienen que, hasta el momento, no obtuvieron respuestas por parte de ningún funcionario del Ministerio de Capital Humano, por lo que las medidas de fuerza podrían comenzar a escalar hasta llegar a un paro de 48 horas.

En este contexto, la CONADU Histórica, el gremio que nuclea a investigadores y docentes universitarios, realizó esta semana una acción de protesta denominada “salariazo”, en la que difundió recibos de sueldo de distintos cargos en las universidades nacionales, con el objetivo de mostrar la crítica situación salarial del sector.

La campaña buscó visibilizar que muchos trabajadores cobran por debajo de la línea de pobreza, y exigir una respuesta inmediata y concreta del Gobierno nacional. Entre los ejemplos publicados, se destacó el caso de un jefe de trabajos prácticos con 7 años de antigüedad y dedicación simple, que en la Universidad Nacional de La Pampa percibe un salario mensual de $254.097.

Por caso, una situación similar se repite en la Universidad Nacional del Sur, donde un docente con las mismas características gana apenas $255.328. No obstante, los montos contrastan fuertemente con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que informó que en abril un adulto necesitó $359.244 para no ser considerado pobre.

De esta manera, la brecha entre el ingreso de los docentes universitarios y la línea de pobreza deja en evidencia el deterioro del poder adquisitivo que sufrió el sector en los últimos años, y que mantiene en alerta a miles de familias, no sólo por la situación económica de los educadores, sino también por la calidad educativa de las casas de estudio, que comenzó a bajar con la fuga de profesionales que se retiran en busca de mejores salarios.

Frente a este panorama, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica anunció una nueva medida de fuerza: un paro nacional de 48 horas que se realizará el 19 y 20 de mayo en todas las universidades del país, con la suspensión total de actividades académicas y administrativas como forma de presión para que el Gobierno reabra las paritarias.

En tanto, desde el gremio advirtieron que la falta de convocatoria por parte de la administración de Milei no solo refleja una política de ajuste, sino también un intento de desmantelar el sistema universitario público, y alertaron que, si no hay avances concretos, el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas.