La vorágine desreguladora del gobierno de Javier Milei sumó un nuevo y preocupante capítulo en su andamiaje de entrega de los recursos estratégicos de la Nación. Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedó formalmente en vigencia el artículo 154 del cuestionado DNU 70/2023, pulverizando los límites históricos que protegían el territorio nacional y las tierras rurales frente a la concentración y el capital extranjero.

La decisión del máximo tribunal —que revocó una medida cautelar impulsada por los centros de excombatientes y distintas organizaciones sociales— no hace más que convalidar por la vía judicial lo que el Ejecutivo buscaba imponer a libro cerrado: la desprotección absoluta de la soberanía territorial. Mientras la administración libertaria continúa ahogando el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados, pulverizando a la clase media y desfinanciando la producción local bajo el dogma del libre mercado extremo, abre las puertas de par en par para que recursos naturales, zonas de frontera y extensiones clave queden en manos de corporaciones foráneas.

Un golpe a los intereses nacionales bajo ropaje técnico

Para fundamentar su resolución, la Corte se escudó en cuestiones formales sobre la legitimación de quienes habían presentado la demanda colectiva, esquivando el debate profundo sobre la constitucionalidad de un megaproyecto normativo que bypassó sistemáticamente al Congreso de la Nación. Sin embargo, el impacto político y económico es inocultable. Al dejar sin efecto las restricciones que imponía la Ley 26.737 —la cual establecía topes porcentuales para la titularidad y posesión de tierras rurales en manos extranjeras y resguardaba áreas de seguridad nacional—, el Gobierno nacional consuma un viejo anhelo de los sectoresconcentrados afines al modelo de primarización de la economía.

Este fallo representa una pésima noticia. No se trata meramente de una discusión jurídica abstracta; se trata de quién decide sobre el suelo argentino, el agua dulce, los bosques nativos y la riqueza productiva que alimenta a nuestra patria. La extranjerización de la tierra profundiza un modelo extractivista y expulsivo, que debilita las economías regionales y le quita al Estado herramientas fundamentales de planificación económica en favor de la especulación internacional.

La clase media y el trabajo nacional, desatendidos

Mientras las prioridades del Estado debieran centrarse en recomponer el salario de los trabajadores, reactivar el consumo interno y sostener a las pymes que generan empleo genuino, la agenda oficial se alinea sistemáticamente con los intereses financieros globales y los grandes tenedores de capital. La desregulación total del mercado inmobiliario rural y de tierras productivas consagra un país para pocos, donde los recursos estratégicos se subastan al mejor postor y se despoja a las futuras generaciones de su patrimonio soberano.

La entrega del territorio nacional no es síntoma de modernidad ni de libertad económica, sino la antesala de una dependencia estructural de la cual luego es muy difícil retornar. La soberanía no se negocia ni se remata en los estrados judiciales.