Autoridades de las universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires volvieron a denunciar que el Ejecutivo nacional sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025, y avanzando en un ajuste que castiga no solo el funcionamiento de las casas de estudio sino también los ingresos de sus trabajadores. El reclamo llegó después de que el Gobierno presentara un nuevo proyecto para modificar la ley, en vez de aplicarla tal como fue sancionada.

Los números del ajuste son duros y hablan por sí solos: mientras que la ley vigente obligaba a incorporar más de $2,7 billones adicionales solo en partidas salariales para 2026 (+63 % respecto de lo asignado), el proyecto oficial propone apenas $187.744 millones (4,3 %), lo que implica una diferencia de más de $2,5 billones que dejarían de percibir las y los trabajadores universitarios.

El salario docente ya exhibe una caída real que supera el 30 % respecto de noviembre de 2023 frente a la inflación acumulada, y si se toman en cuenta las proyecciones inflacionarias, esa pérdida podría ampliarse significativamente en 2026.

Un estudio del sector también muestra que en los últimos dos años la pérdida salarial acumulada para docentes y no docentes supera los 90 puntos básicos frente al ritmo inflacionario, con una caída del salario en términos reales cercana al 30 % desde 2023 y proyectada a profundizarse a medida que se consolida la asfixia presupuestaria.

Esta deteriorada situación salarial no es abstracta: ha empujado a docentes e investigadores a buscar otras fuentes de ingreso, y la falta de recomposición se traduce en una reducción de personal, vacantes sin cubrir y dificultades para sostener labores de investigación y extensión.

Además, los sindicatos del sector denuncian que el nuevo proyecto prevé aumentos de apenas el 12 % en tres tramos durante 2026, muy por debajo de la pérdida real de poder adquisitivo que arrastra el sector, acumulada desde el inicio de la gestión actual.

Por si fuera poco, la Justicia Federal ya dictó una cautelar para obligar al Ejecutivo a actualizar salarios y becas según lo dictado por la Ley de Financiamiento, señalando que la falta de cumplimiento es, además de un ajuste injustificado, una violación al marco legal vigente.

Frente a este ajuste combinado —salarios reales a la baja, caída presupuestaria general y omisión de políticas de actualización— las rectoras y rectores remarcan que el conflicto no es sólo técnico sino político: pone en riesgo la educación pública y evidencia la prioridad del gobierno por el ajuste fiscal por sobre el sostenimiento de la universidad pública argentina.