El equilibrio fiscal exhibido como trofeo por la administración de Javier Milei esconde detrás de sus planillas un costo social severo. En el centro de esa tensión distributiva se encuentran las personas mayores: lejos de representar una etapa de descanso o estabilidad tras una vida de trabajo, la vejez en la Argentina reciente se ha transformado en un terreno de profunda vulnerabilidad y supervivencia económica.

Así lo documenta el informe «La situación de los jubilados en el neoliberalismo financiero», elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). La investigación da cuenta de un triple frente que asfixia a la clase pasiva: el congelamiento y la licuación de haberes , la necesidad de reinsertarse en el mercado laboral bajo condiciones de absoluta precariedad y una creciente dependencia de créditos usurarios para costear comida y remedios.

La licuación institucionalizada: pérdida acumulada de ingresos

Tras el impacto inflacionario desatado a fines de 2023 y la posterior fijación de una fórmula atada al IPC corriente, los haberes previsionales quedaron fijados en un escalón real sustancialmente más bajo. Si bien el esquema mensual contuvo la caída libre, no recompuso el deterioro inicial. Además, el congelamiento nominal de los bonos extraordinarios fue licuando mes a mes la capacidad de compra de las jubilaciones más bajas.

Las cifras del estudio dimensionan la magnitud del ajuste:

• Jubilación mínima: Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, un jubilado con el haber mínimo acumuló una pérdida real de $2.721.627, lo que equivale a resignar 5,75 jubilaciones mínimas.

• Haber medio: Para quienes perciben el haber medio, el perjuicio acumulado trepa a $2.547.987, equivalente a 4,21 haberes medios.

• Techo bajo: Hacia junio de 2026, el poder adquisitivo del haber mínimo apenas rondaba el 90% del nivel de referencia (enero-noviembre de 2023), mientras que el haber medio se estancó en torno al 95%.

«La recuperación parcial observada no restituyó el ingreso real previo, sino que institucionalizó un nuevo nivel de haberes con menor capacidad de compra. Una parte sustancial de la consolidación fiscal se sostuvo sobre la licuación de las prestaciones».

Volver a trabajar para subsistir: precariedad y brecha de género

Frente a ingresos que no cubren las canastas esenciales, miles de personas mayores se han visto forzadas a postergar su retiro o reingresar al mercado de trabajo. Según los datos de la EPH-INDEC analizados por la UNDAV, la cantidad de ocupados de más de 65 años creció un 4,5% (alrededor de 27.000 nuevos adultos mayores activos).

Sin embargo, esta inserción laboral se da casi exclusivamente en los márgenes de la informalidad laboral, sin aportes, sin licencias pagas ni cobertura por riesgos del trabajo:

• Mujeres mayores (+65): Presentan tasas de informalidad críticas que alcanzan el 61,6% a fines de 2025, muy por encima del 39,2% registrado en la franja de 30 a 64 años.

• Varones mayores (+65): El deterioro fue abrupto, pasando del 43,5% a fines de 2023 al 55,6% a fines de 2025 (un salto de 12,1 puntos porcentuales).

El peligro de los créditos no bancarios

Sin las líneas directas y a tasas protegidas que solía otorgar la ANSES, y marginados del sistema bancario formal, los adultos mayores recurrieron a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —financieras de consumo y mutuales que cobran tasas de interés elevadas— para cubrir el déficit operativo de sus hogares.

Período	Deudores mayores de 65 años (en PNFC)	Variación
Diciembre 2024	1.142.910	Base
Agosto 2025	1.269.329	+11%
Febrero 2026	1.345.954	+6%

En apenas catorce meses, más de 203.000 nuevos jubilados ingresaron a este circuito de endeudamiento (+17,7%), comprometiendo sus menguados ingresos no en bienes durables o proyectos personales, sino en la compra cotidiana de alimentos en cuotas, medicamentos y pago de servicios públicos.

El debate de fondo: inclusión versus desfinanciamiento

El informe advierte también sobre los riesgos estructurales a mediano plazo. Por un lado, el fin de las moratorias previsionales empuja a los futuros ingresantes a la PUAM (que otorga solo el 80% del haber mínimo), lo que consolida una ciudadanía previsional de segunda y castiga con mayor dureza a las mujeres. Por otro lado, la reciente creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) vía Ley 27.802 desvía parte de las contribuciones patronales hacia cuentas y fondos privados, privando a la ANSES de entre un 5% y un 10% de su recaudación contributiva corriente.

Frente a este cuadro, el documento concluye que la sostenibilidad previsional no puede medirse únicamente por metas de caja fiscal. Exige una mirada equilibrada que recupere el principio de solidaridad intergeneracional mediante una reforma tributaria progresiva, el combate frontal al trabajo no registrado y un esquema de movilidad que garantice la verdadera suficiencia de las prestaciones.