Mientras el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, profundiza su campaña “Bajemos los precios”, el Gobierno se propuso instalar en la agenda un proyecto de ley de Defensa de la Competencia consensuado en el interbloque Cambiemos, que este martes comenzó a ser debatido en Diputados en una reunión informativa.

La iniciativa, tratada en la Comisión de Defensa del Consumidor, fue fruto del consenso entre proyectos de Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), y crea nuevas estructuras para detectar y sancionar con más fuerza las conductas que violen la competencia y tiendan a la cartelización, las cuales impactan en el bolsillo del consumidor.

“La legislación actual no logra estos objetivos, sino a la inversa: obstaculiza las inversiones, genera trámites muy largos y el nivel de las sanciones es tan bajo para las grandes cadenas que es casi una invitación a infringir la ley”, argumentó Esteban Greco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, convocado a defender el proyecto.

Negri, en tanto, remarcó que “el nudo es que se le saca discrecionalidad al Poder Ejecutivo y se termina con los deseos coyunturales de un secretario de Comercio, que con un martillo castiga y premia”, en alusión al exfuncionario kirchnerista Guillermo Moreno.

La massista Liliana Schwindt, presidenta de la comisión parlamentaria, se encargó de remarcar que “este proyecto puede llegar a ser favorable en un futuro, pero no soluciona el problema”. “Se necesita ahora una ‘ley de góndolas’ para que un productor o comerciante de alimentos no tenga más del 40% de presencia en góndola”, retrucó la diputada, en alusión a una de las propuestas de Massa.

En la misma sintonía, el economista Marco Lavagna reconoció que “hace falta una modificación de la ley actual”, pero advirtió que “hay un problema previo” vinculado a “la falta de voluntad política de avanzar en el control”.

Sin embargo, Greco destacó que “la política de defensa del consumidor fue jerarquizada el año pasado” con la gestión de Mauricio Macri, y agregó que esa fue “una de las 100 prioridades del Gobierno para este año”.

En la misma sintonía, Fernando Sánchez, mano derecha de Carrió, dijo no coincidir en que la CNDC “no haya tenido temas serios” y puso como ejemplo su intervención en el monopolio existente en el mercado de las tarjetas de crédito y débito.

Qué dice el proyecto

En primer lugar, se prohíben todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado -posición dominante, concentración y fusión de empresas-.

Se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estaría conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.

A su vez, se prevén dos tipos de sanciones disuasivas: el cese de los actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos o abuso de posición dominante; y multas, según tres criterios “objetivos y estrictos”, en palabras de Greco.

El primer criterio es el de beneficio ilícito, con multas de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva.

El segundo es un criterio porcentual: hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto; y hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio.

El último criterio es monetario, con multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a tres mil millones de pesos ajustables por IPC). Según Greco, las penas pecuniarias con la ley actual son de hasta apenas 150 millones de pesos.

Otro punto importante del proyecto es la creación de un Programa de Clemencia, que exime de sanción para el primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.

“Los carteles son difíciles de detectar sin esta herramienta”, indicó el titular de la CNDC. Este tipo de programas ya existe en países como Estados Unidos, Brasil, Chile y México.

El proyecto de Cambiemos también crea una Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación, que tendría a cargo la administración de un fondo específico para cumplir con los objetivos de la ley.