La ley además, obliga a una progresividad permanente en la inversión en ciencia y tecnología, obliga a repartir un 20% en las provincias, que deberán articularse en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT).

El jefe de Gabinete tendrá que remitir anualmente "un informe respecto de la ejecución del presupuesto detallado por jurisdicciones y su grado de cumplimiento a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para su control y seguimiento".

El proyecto fue compilado de varios presentados estos años por diputados de todas las fuerzas políticas y fue celebrado desde los palcos por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; la presidenta del CONICET, Ana María Franchi; y el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Pablo Núñez.

Los fondos deberán destinarse para “promover la federalización del sistema científico-tecnológico”, así como “desarrollar y diversificar la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable”.

También, “generar nuevos empleos de calidad”, promover “la formación de profesionales”, incrementar “la infraestructura y equipamiento”, y “propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico”, entre otros objetivos.

La iniciativa prevé un aumento escalonado que será el siguiente: de 0,28% en 2021; 0,31% en 2022; 0,34% en 2023; 0,39% en 2024; 0,45% en 2025; 0,52% en 2026; 0,59% en 2027; 0,68% en 2028; 0,78% en 2029; 0,90% en 2030; 0,95% en 2031; y 1% en 2032.

Asimismo, se establece que “la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior”.