El Pacto Fiscal, impulsado en diciembre por el Gobierno de Mauricio Macri para reducir el gasto público, comienza a recibir adhesiones de los municipios. Y también críticas. A nivel nacional, fue rubricado por 23 provincias, con la única excepción de San Luis, y la Provincia de Buenos Aires adhirió al consenso e invitó a que los municipios también lo hagan.

Los intendentes oficialistas Martiniano Molina y Néstor Grindetti, de Quilmes y Lanús respectivamente, fueron los últimos grandes en sumarse, a instancias de sus Concejos Deliberantes. "Los vecinos se cansaron del despilfarro de gobiernos anteriores. Este consenso nos permitirá cuidar mejor los recursos de los quilmeños", dice Martiniano Molina, al celebrar la medida votada en la primera sesión del año. Pero la necesidad y conveniencia de sumarse genera resquemores.

En Lanús, Grindetti tuvo apoyo del peronismo para aprobar rápidamente la adhesión. Pero hubo fuertes voces en contra. Para la concejal kirchnerista Natalia Gradaschi, el pacto "extorsiona" a los intendentes, ya que, dice, "fija un límite de endeudamiento a los municipios y ninguno va a estar en condiciones de pedir préstamos ni financiamiento a la Provincia de no aprobarlo". Para la edil del Frente para la Victoria, hay cierta "hipocresía" al limitar los gastos corrientes y la posibilidad de incrementar la planta municipal, ya que "la Nación y la Provincia no siguen la misma política y entre 2015 y 2017 su deuda aumentó más del 56%".

El impacto de ingresar

La norma supone un fuerte control sobre los recursos de los municipios que adhieren ella. Por ejemplo, según la letra chica del acuerdo, las comunas no podrán aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, tendrá que tener un equilibrio en el incremento de la planta municipal, que no podrá estar por encima del aumento de la población. En cuanto a la deuda, su costo financiero y vencimientos de capital no podrá superar el 8% de los recursos. Otra prohibición es que, en los seis meses previos a dejar el cargo, los intendentes no podrán tomar medidas que incrementen el gasto con carácter permanente. Aunque hay cierto consenso sobre la necesidad de esta norma.

Las bancadas de Unidad Ciudadana del Conurbano también advierten por la supuesta idea oficial de "homogeneizar las tasas tributarias". Gradaschi afirma que hay una "injerencia total de la Provincia de Buenos Aires", ya que cada municipio la diseña "de acuerdo a la característica poblacional de cada ciudad". Por su parte, algunos intendentes oficialistas y aliados reconocen por lo bajo que la adhesión a la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal fue un pedido expreso del Gobierno: "Es parte del esfuerzo nacional. Es cierto que (de no aprobarse) se limitan los aportes de Vidal y los nacionales, pero no hay nada en el pacto que escape al sentido común. Hace dos años que venimos aplicando este sinceramiento", dice a este diario un intendente del PRO.

Más allá del discurso, las adhesiones marchan a todo trapo. Si bien la Ley se aprobó en diciembre, a pocos días de cerrarse las sesiones legislativas, a fines de febrero "cerca de la mitad" de los 135 partidos bonaerenses ya se habían adherido, según afirman voceros oficiales. En su mayoría son de la alianza gobernantes, aunque se destacan los casos de José C. Paz -gobernado por el peronista Mario Ishii- y Moreno, a cargo del Walter Festa, de La Cámpora. Son casos testigos: la crisis financiera de sus municipios solo puede ser solventada con la ayuda de la Provincia, por lo que no tuvieron opción de adherirse al plan de ajuste.

Los díscolos

Las comunas gobernadas por La Cámpora y sectores ultra-kirchneristas rechazan el Pacto Fiscal. El punto más crítico es la imposibilidad de ampliar la planta de personal. Tras el recambio de Gobierno, cientos de funcionarios desembarcaron a trabajar en comunas como La Matanza, Avellaneda, Moreno o Ensenada, controlados por el partido de Cristina Kirchner. Los más combativos son Mario Secco, de Ensenada, y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, quienes incluso incrementaron gastos y contrataciones.

"Estarán todos"

El Gobierno bonaerense confía en que la totalidad de los municipios se adherirán al Paco Fiscal en los próximos meses. La Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada el 7 de diciembre pasado y un mes después contaba con medio centenar de suscriptos. La presión oficial fue tal que, antes de fin de año, unos 31 municipios ya habían aprobado la adhesión. Fueron los que tuvieron que pedir fondos al Gobierno de María Eugenia Vidal para poder pagar sueldos y aguinaldos.