Se trata del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), que el presidente Milei dio de baja por supuestas irregularidades detectadas en su funcionamiento.

De acuerdo a la visión del gobierno de Milei, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078, carecía de instrumentos que justificaran su continuidad y no alcanzaban los objetivos estipulados. Las partidas, tenían como objetivo desarrollar tecnologías de información y comunicación con garantía de neutralidad de redes.

Por su parte, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, establecido por la Ley 27.341, estaba diseñado para financiar proyectos de vivienda social e infraestructura con aportes de diversas fuentes, incluidas internacionales. Sin embargo, la gestión de Milei habría detectado irregularidades como obras finalizadas sin rendiciones de cuentas y proyectos rescindidos sin devolución de fondos. Esto llevó a su disolución, lo que genera dudas sobre el futuro de los programas de vivienda.

Por último, el caso del Prodaf, su objetivo era facilitar el acceso al crédito para pequeños productores rurales. El gobierno de Milei consideró que el fondo había cumplido sus metas iniciales y lo declaró prescindible. Esta decisión también ha generado controversia, ya que podría afectar a sectores rurales que aún enfrentan dificultades para acceder a financiamiento.

El ajuste libertario iniciado por Milei ha generado un profundo debate sobre el rol del Estado y las políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables. Aunque el Gobierno asegura que estas medidas buscan combatir la ineficiencia y la corrupción, desde sectores de la oposición advierten sobre las consecuencias negativas para las poblaciones beneficiarias.

En este sentido, diversos sectores políticos y sociales han expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones, señalando que la eliminación de fondos fiduciarios reduce la capacidad del Estado para atender necesidades básicas y promover la equidad. Además, destacan que las auditorías que justifican estas medidas podrían ser utilizadas como excusa para desmantelar programas esenciales.

Con este decreto, el presidente Milei reafirma su postura en favor de un modelo de ajuste que prioriza la reducción del gasto público sobre el fortalecimiento de políticas sociales. La eliminación de estos fondos fiduciarios plantea interrogantes sobre cómo se garantizarán los derechos de los sectores afectados en un contexto de crecientes desigualdades.