Diez meses en caída libre y un derrumbe histórico

Según el "Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones", el salario mínimo vigente a abril de 2026 se arrastra en unos paupérrimos $357.800 mensuales.

Para dimensionar el tamaño de la licuación planificada por el Palacio de Hacienda que conduce Luis Caputo, los técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA calcularon cuánto debería valer hoy ese ingreso si se quisiera preservar el poder adquisitivo original: el salario mínimo real tendría que oscilar entre los $1.509.000 y los $1.838.000. Dicho de otro modo, para que un trabajador cubra lo básico, el salario actual debería triplicarse.

La gestión de Milei logró acelerar una tendencia de deterioro que ya venía golpeada, pero que bajo el dogma del libre mercado se transformó en una masacre social. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el SMVM real acumuló una caída catastrófica del 39,3%. El modus operandi de la crueldad es el congelamiento frente a la inflación. El informe detalla que desde julio de 2025 el salario mínimo hilvana diez meses consecutivos de pérdida real, profundizándose el abismo en los períodos donde el Gobierno decidió pisar el indicador de manera discrecional en mesas de negociación paritaria totalmente vaciadas de contenido gremial y social. Hoy, el salario mínimo representa apenas un tercio (el 34%) del máximo histórico registrado en septiembre de 2011.

La mentira de la "libertad" para los asalariados

La destrucción del poder de compra no es un error de cálculo, es el corazón del programa económico oficial. El objetivo de "disciplinar" el mercado laboral mediante la recesión se evidencia al mirar el resto de las planillas del informe UBA-Conicet:

• Sector Privado Tradicional: El poder de compra de los salarios formales en el sector privado arrastra una caída del 4,8% respecto a noviembre de 2023. La remuneración promedio ronda los $2.111.085, un 14,9% por debajo de su pico histórico en 2013.

• Sector Público: Los estatales, principales blancos de la retórica del odio oficial, sufrieron un hachazo letal del 17% de su capacidad de compra desde el recambio presidencial.

Con estos números en la mano, la definición histórica de lo que significa un "salario mínimo, vital y móvil" mutó en una mueca irónica. Cuando el presidente Arturo Illia lo creó por ley en 1964, la norma establecía que este ingreso debía garantizar alimentación, vivienda digna, vestuario, educación, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones y esparcimiento para una familia tipo. Hoy, con $357.800, una familia en la Argentina no llega a pagar ni la mitad de un alquiler en el Conurbano, mucho menos los tarifazos de servicios desregulados por la actual gestión.

El combo perfecto: salarios de miseria y desempleo al alza

Para la mirada deshumanizada de los manuales económicos de la escuela austríaca, salarios más bajos deberían generar "competitividad" y más empleo. La realidad de la calle demuestra, una vez más, todo lo contrario. La depresión del consumo interno destruyó el mercado local y las empresas responden expulsando mano de obra.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) citados en la investigación revelan que el empleo asalariado formal privado ya destruyó 206.000 puestos de trabajo netos desde que asumió Milei. La recesión cala hondo en las arterias vitales de la clase media y los sectores populares: la industria manufacturera y el comercio son las actividades que registran los despidos y cierres de persianas más feroces.

Mientras el Gobierno sigue obsesionado con el superávit fiscal financiero —construido sobre el hambre de los jubilados, el desfinanciamiento de las universidades y el congelamiento de los ingresos— la foto del país real espanta. Los asalariados argentinos, empujados a la pobreza con empleo formal, sostienen con su sacrificio un modelo que solo cierra en las planillas de Excel del Fondo Monetario Internacional y en los balances de un puñado de corporaciones amigas del poder.