El Senado acordó congelar hasta después del receso invernal el proyecto de responsabilidad penal empresaria, que todavía no fue girado desde la Cámara de Diputados. Así se resolvió este martes en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV), donde expuso brevemente el ministro del área, Germán Garavano, quien defendió el denominado “artículo Odebrecht”, extirpado del proyecto original por presión de la oposición.

Aún sin tener el proyecto sobre la mesa, senadores de distintos bloques descuentan que sufrirá cambios. Guastavino habló de “errores bastante groseros” y el jefe del bloque, Miguel Pichetto, advirtió en ese sentido sobre ciertos “artículos contradictorios”. “Hay que sacar la ley del contexto electoral. Tenemos que actuar con seriedad, no con demagogia punitiva”, sugirió el rionegrino.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado el articulado del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo, en una sesión trabada por permanentes cuartos intermedios y negociaciones de último momento que provocaron no sólo la alteración de numerosos artículos, sino la incorporación de nuevos, bajo presión de la oposición.

Según reveló el diario Clarín, la redacción final contendría una contradicción en el artículo 258 bis del Código Penal, relativa al aumento de penas por los delitos contra a la administración pública, una reforma que propulsó el massismo.

Garavano no hizo mención a los cambios y se limitó a defender el espíritu del proyecto original. “Es importante que las personas jurídicas tengan responsabilidad como tales, más allá de las personas físicas que ejercen la dirección”, explicó, al señalar que “puede haber accionistas miembros del directorio que terminen beneficiándose de actividades lucrativas ilegales, y eso hoy no tiene ninguna consecuencia”.

El ministro no perdió la oportunidad de defender el ya inexistente artículo 37 de la iniciativa original, que daba a las empresas la posibilidad de concretar acuerdos de “colaboración eficaz” por la vía administrativa -no penal-, por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley, para obtener a cambio el cese de la persecución.

“Lamento que no se haya aprobado un artículo especifico hacia el pasado. Es cierto que no podemos avanzar con el derecho penal hacia el pasado; sin embargo, sabemos que esto ha existido y que hay numerosas empresas, como Siemens, Skanska y Odebrecht, que han reconocido como empresas que han cometido delitos”.

Por eso, Garavano consideró “valioso poder regular un mecanismo para que las empresas que ya han advertido ante la Justicia -o lo harán eventualmente- que han cometido un delito, puedan reparar el daño que han ocasionado con el pago de comisiones, sobreprecios o lo que sea que hayan hecho para atrás”. “No lo podemos regular desde el derecho penal, pero sí lo podemos regular desde el derecho administrativo”, apuntó.

El debate en comisión se reanudará tras el receso de invierno, con el proyecto ya girado, y no se descarta que Garavano vuelva a asistir. De recibir modificaciones, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados para su sanción, mientras se acerca la fecha de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el próximo 13 de agosto.

De acuerdo al proyecto aprobado en Diputados, se penalizará a las personas jurídicas por la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Además, se incorporó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para el caso de las personas físicas. La ley es de especial interés para el Gobierno y es requerida a nuestro país por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).