La tragedia del fentanilo contaminado ya suma casi un centenar de muertes confirmadas en distintas provincias, y amenaza con seguir creciendo. El medicamento, producido por el laboratorio HLB Pharma, estaba contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias resistentes a los antibióticos. La investigación judicial avanza con 24 imputados, bienes inhibidos y prohibición de salida del país mientras se esperan los peritajes finales.

En el Gabinete, el caso provocó fuertes tensiones. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acusó a la ANMAT de actuar con demoras —las primeras alertas surgieron en febrero y recién en mayo se emitió una advertencia oficial—, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció fallas graves en la cadena de custodia del medicamento.

En el plano legislativo, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes al Ejecutivo para detallar los casos, explicar los mecanismos de control y precisar la actuación de la ANMAT y del Ministerio de Salud. Los diputados también reclamaron establecer si hubo responsabilidades penales en la distribución del lote contaminado.

La situación se trasladó a los tribunales, donde el Gobierno anunció que recusará al juez Ernesto Kreplak por su parentesco con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Aunque aún no dictó procesamientos, el magistrado dispuso medidas preventivas contra los imputados.

En paralelo, la federación sindical Fesprosa responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, por la crisis y reclamó su renuncia. También convocó para el 21 de agosto una audiencia pública para exigir la producción pública de medicamentos y el restablecimiento de las plantas estatales que fueron cerradas.

El caso del fentanilo contaminado no solo representa una crisis sanitaria sin precedentes recientes, sino que también expone fallas estructurales en los controles, roces internos en el Gobierno y posibles conflictos de interés en la Justicia. Con la presión social en aumento y el reclamo de justicia en las calles, el Ejecutivo enfrenta uno de los desafíos más graves de su gestión.