No solo se detectaron irregularidades administrativas de forma, sino que hubo errores de procedimiento. Entre los más graves, figura que al momento de la contracción de la deuda con el FMI, Nicolás Dujovne no tenía entre sus facultades como Ministro de Hacienda el tomar esa deuda. Cabe recordar que hasta el 22 de junio estuvo en funciones el Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo. Y recién cuando Caputo se fue al Banco Central, Finanzas y Hacienda se unificaron y la gestión del crédito quedó bajo su órbita.

A su vez, no se cumplieron con los análisis de solvencia, sostenibilidad y la consulta previa al Banco Central por el efecto del endeudamiento sobre la balanza de pagos que exige la Ley de Administración Financiera.

De acuerdo documento emitido por Jesús Rodríguez, "el préstamo con el FMI no cumple con el criterio establecido" de autorización del endeudamiento porque, entre otras cosas, se omitió la consulta previa al Banco Central. No fue la única inobservancia a la normativa, tampoco se respetaron los "procedimientos para la colocación de títulos públicos en mercados internacionales", además de que se incurrió en "la falta de normativa sobre la emisión y seguimiento de avales, fianzas y garantías". Y advirtieron que el crédito Stand By tomado con el FMI tuvo efectos adversos sobre la sostenibilidad de la deuda pública.

Al respecto destacaron que la documentación de respaldo al crédito se cargaron en el sistema de Gestión Documental Electrónica después de firmado el Acuerdo con el Fondo Monetario de forma desordenada y, en algunos casos, sin la firma digital que valida los actos administrativos como la Ley de Firma Digital manda.

"Finalmente se detectó que la formalización del endeudamiento, no fue realizada por Ley de Presupuesto ni por Ley específica, ni similar, como podría haber sido un Decreto presidencial. El Acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda cuya cartera no contaba entre sus Misiones y Funciones la gestión del Crédito Público. No es de extrañar, entonces la carencia de análisis de riesgos, solvencia y sostenibilidad anteriores a la firma del Acuerdo".

Con este reporte, la Auditoría General de la Nación rechazó la Ejecución Presupuestaria de 2018 y se expidió sobre el primer acuerdo de Macri con el FMI, el mismo que Miguel Pesce desde el Banco Central pidió investigar el 1 de marzo de 2021, cuando elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada, para determinar si generaron perjuicios al Estado.