En una señal de creciente tensión política y territorial, cerca de 200 intendentes de distintos signos partidarios protagonizaron una masiva movilización frente al Ministerio de Economía para reclamar por el recorte de fondos, la paralización de la obra pública y el deterioro de las rutas nacionales. La protesta expuso un frente común contra las políticas del presidente Javier Milei y del ministro Luis “Toto” Caputo, en lo que ya se perfila como un nuevo capítulo del conflicto entre la Nación y los gobiernos locales.

El reclamo, que reunió a jefes comunales de todo el país —incluidos peronistas, radicales y vecinalistas—, tuvo como eje central la denuncia de una “asfixia financiera” sobre los municipios. Según plantearon, la caída de transferencias y la falta de ejecución de partidas específicas están comprometiendo la prestación de servicios básicos y la continuidad de obras clave en el interior.

Uno de los puntos más sensibles fue el estado de la infraestructura vial. Los intendentes advirtieron sobre el “abandono total” de las rutas nacionales, con obras paralizadas y sin mantenimiento, lo que impacta directamente en la producción, la logística y la seguridad vial.
En paralelo, también exigieron una reducción en el precio de los combustibles, cuyo aumento acumulado golpea las economías regionales y encarece el transporte de bienes.

El trasfondo del conflicto remite a la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional. Desde la asunción de Milei, la inversión en obra pública —especialmente en infraestructura vial— sufrió un recorte drástico, con una caída cercana al 75% en términos reales y la paralización de múltiples proyectos en ejecución.

Con intendentes e intendentas de todo el país hoy hicimos un reclamo federal: bajen el precio de la nafta y hagan las obras públicas.

Las rutas están abandonadas y los municipios no tienen recursos. Pero, para la timba financiera hay plata.

Le pedimos al presidente Milei que… pic.twitter.com/gySlj5VDrS

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 14, 2026

A esto se suman cuestionamientos por la posible retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que por ley deberían destinarse al mantenimiento de rutas, lo que alimenta las denuncias de desfinanciamiento estructural.

La protesta también dejó en evidencia un dato político relevante: la articulación de intendentes más allá de las fronteras partidarias. En medio de un escenario económico complejo, los gobiernos locales comienzan a coordinar acciones frente a lo que consideran un ajuste que recae de manera desproporcionada sobre las provincias y municipios.

Con este movimiento, los intendentes no solo buscan respuestas inmediatas —más fondos, reactivación de obras y alivio en costos—, sino también posicionarse como actores clave en la disputa por el rumbo económico. La “motosierra” del Gobierno nacional, celebrada por sus impulsores como símbolo de eficiencia fiscal, empieza a encontrar resistencias concretas en el territorio, donde el impacto del ajuste se vuelve tangible.

El conflicto abre interrogantes sobre la sustentabilidad política del modelo de recorte en el mediano plazo y anticipa una escalada en la presión de gobernadores e intendentes, que ya advierten que sin recursos ni infraestructura, la gobernabilidad local entra en zona de riesgo.