La resolución responde al faltazo reiterado de dos funcionarios previamente citados: Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción) y Florencia Zicavo, exdirectora de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). En ese contexto, los miembros de oposición consideran esencial que Milei declare para esclarecer su rol en el caso $LIBRA, luego de denuncias vinculadas a la promoción de criptomonedas a través de redes sociales. 

Además, se aprobó una alternativa: si Milei no puede asistir en las fechas propuestas, la comisión podría trasladarse a la Casa Rosada para tomarle testimonio. La diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica propuso esta modalidad como una forma de asegurar el cumplimiento de la convocatoria sin imposiciones de logística. 

Entre los diputados opositores hay quienes plantearon que la declaración de Milei no se extienda más allá de la primera semana de octubre, para evitar dilaciones que resten claridad al proceso. 

En paralelo, se aprobó que la subcomisión especial encargada del caso $LIBRA tome contacto con la causa judicial que tramita ante la justicia federal, bajo la órbita de la jueza María Servini de Cubría. Esa causa investiga una presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada en una publicación de Javier Milei en su cuenta de X. 

$LIBRA: Los funcionarios del gobierno no pueden esconderse ni eludir sus responsabilidades.

Hoy se reunió nuevamente la Comisión Investigadora en Diputados. Es increíble que el Gobierno no haya tomado nota de las prácticas que debe corregir: persiste en una actitud de bloqueo y… pic.twitter.com/XcQ8Dq7Uxm

— maxi ferraro ?? (@maxiferraro) September 9, 2025

Las tensiones políticas también se hicieron evidentes durante la sesión: los bloques oficialistas de La Libertad Avanza y sus aliados se ausentaron, mientras que legisladores de otros espacios se sumaron al quórum. Entre los presentes, se destaca Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, que se incorporó pese a las críticas al gobierno nacional. 

Para la oposición, la citación es una prueba de que se está dispuesto a ejercer control institucional y hacer transparentes actuaciones que involucren al núcleo presidencial. Críticas se centraron especialmente en la Oficina Anticorrupción y la UTI, organismos que fueron cuestionados por ausencia de informes y falta de transparencia en sus actuaciones.