Con mayoría ajustada, el Senado aprobó la reforma laboral promovida por la Casa Rosada, que ahora deberá ser tratada por Diputados. El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para reducir la informalidad y generar empleo. Sin embargo, sindicatos, especialistas en derecho laboral y bloques opositores advierten que el texto consolida un esquema de flexibilización que debilita garantías históricas del trabajo registrado.

Lejos de ser una reforma técnica, la iniciativa implica un cambio estructural en la relación entre empleador y empleado, inclinando la balanza en favor del sector empresario. En un contexto de caída del poder adquisitivo y ajuste fiscal, el avance sobre derechos laborales profundiza la incertidumbre de millones de trabajadores.

Principales aspectos negativos señalados por gremios y especialistas:

• Debilitamiento del sistema de indemnizaciones: la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral reduce la protección ante despidos y traslada el riesgo al trabajador.

• Mayor facilidad para despedir: se flexibilizan condiciones y se reducen sanciones económicas, lo que puede incentivar la rotación y la precarización.

• Extensión y mayor flexibilidad de la jornada laboral: habilita esquemas que permiten ampliar horas de trabajo con menor costo para el empleador.

• Impacto sobre horas extra y vacaciones: se modifican criterios que históricamente protegían tiempos de descanso y remuneración adicional.

• Debilitamiento de la negociación colectiva: se priorizan acuerdos individuales o por empresa por sobre convenios colectivos, fragmentando la fuerza sindical.

• Restricciones al derecho de huelga en actividades consideradas esenciales: limita herramientas de protesta y presión gremial.

• Blanqueo laboral con condonación de deudas empresarias: reduce penalidades a empleadores que mantuvieron trabajadores en la informalidad.

• Mayor inestabilidad para trabajadores jóvenes y de pymes: sectores que podrían quedar sujetos a modalidades contractuales más frágiles.

"Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley", advierte @ditulliojuli

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 11, 2026

Para el gobierno, estas medidas buscan “dinamizar” el mercado laboral y atraer inversiones. Pero la experiencia histórica argentina muestra que los procesos de flexibilización no necesariamente generan empleo genuino, sino que muchas veces derivan en mayor precariedad, salarios más bajos y debilitamiento de la protección social.

Además, el debate se dio en un clima de alta tensión política y movilización en las calles, reflejando que la reforma no cuenta con consenso amplio. El malestar no sólo proviene de las centrales sindicales, sino también de sectores académicos que advierten que reducir derechos no equivale a crear empleo.

En definitiva, la reforma laboral aprobada en el Senado marca un punto de inflexión en la política laboral del país: consolida un modelo que prioriza la reducción de costos empresariales por sobre la estabilidad y protección del trabajador. En un escenario económico frágil, el riesgo es claro: que el ajuste no sólo impacte en el Estado, sino también en la calidad del empleo y en la vida cotidiana de millones de argentinos.