El discurso fundacional de La Libertad Avanza prometió erradicar los vicios, privilegios y prebendas de la dirigencia tradicional. Sin embargo, a medida que la gestión avanza, las tensiones entre la retórica de la austeridad y la realidad interna de sus principales operadores quedan al descubierto de manera elocuente.

En las últimas horas, una investigación de Revista Noticias puso en el foco del debate público al diputado nacional Sebastián Pareja, figura clave del armado político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. El informe detalla marcadas inconsistencias patrimoniales: movimientos y transferencias bancarias por más de 100 millones de pesos, manejo de fondos en moneda extranjera y la adquisición de un departamento en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, registrado a nombre de su madre.

A estos elementos se suman litigios económicos de índole personal y viejos señalamientos en la Justicia por presuntos manejos irregulares vinculados al armado bonaerense y expedientes de tierras en el conurbano.

Pareja no es una figura menor dentro de la estructura libertaria: es el encargado de diseñar el despliegue territorial bonaerense y responde de forma directa a la secretaría General de la Presidencia. Su rol de armador territorial lo colocó en reiteradas oportunidades en el centro de disputas internas, reparto de candidaturas y administración de resortes estatales provinciales.

Los hechos

1. Circuitos bancarios millonarios y cuentas familiares

La investigación detectó transferencias que superan los 100 millones de pesos y movimientos constantes en moneda extranjera dentro de una cuenta bancaria compartida entre el dirigente y sus padres. El flujo de fondos levantó alertas debido a la falta de justificación contable y fiscal acorde al perfil tributario de los involucrados.

2. El departamento en Puerto Madero

Uno de los puntos más sensibles de la pesquisa es la compra de un inmueble en Puerto Madero, una de las zonas con el metro cuadrado más costoso del país. La propiedad fue inscripta a nombre de su madre, lo que para los investigadores periodísticos configura un presunto esquema de interposición de personas («prestanombres») para eludir la declaración directa de bienes de alto valor ante los organismos de control.

3. Cuentas bajo la lupa y litigios patrimoniales

El informe de Noticias reveló además la existencia de cuentas no declaradas y un frente judicial abierto por litigios económicos de índole personal con su expareja, donde salieron a relucir activos no consignados en sus presentaciones juradas.

4. Denuncias por presuntos retornos y cajas públicas en PBA

Estos datos patrimoniales no surgen en el vacío: se suman a episodios previos que sacudieron la interna libertaria en la provincia de Buenos Aires. Exfuncionarias locales del PAMI (como en la seccional La Plata) denunciaron penal y públicamente haber sido desplazadas de sus cargos tras negarse a firmar contrataciones irregulares y rechazar la entrega de presuntos «retornos» mensuales en efectivo (en sobres) exigidos por operadores directos del espacio para financiar el armado político partidario.

La respuesta del entorno

Consultados sobre las revelaciones, desde el círculo íntimo del legislador rechazaron las acusaciones y denunciaron una presunta campaña en su contra, adjudicando las publicaciones a disputas de poder y operaciones políticas. No obstante, las explicaciones formales sobre el origen y la justificación de las sumas en juego y la titularidad del inmueble continúan bajo estricto escrutinio.

El espíritu republicano que la sociedad demanda exige que las investigaciones judiciales y periodísticas avancen con total independencia y rigor técnico. Cuando un proyecto político llega al poder prometiendo terminar con las zonas oscuras de la administración pública, la rendición de cuentas de sus propios dirigentes no puede ser una opción: es una obligación institucional ineludible frente a una sociedad que sufre las consecuencias del ajuste diario.