El proyecto del presidente del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, tuvo que sortear las idas y vueltas de Juntos por el Cambio, que primero demoró el tratamiento de la normativa, y luego dilató su aprobación al introducirle cambios en la Cámara Alta, tras la media sanción inicial de Diputados.

La norma alcanza tanto a clubes de barrio como centros de jubilado, de fomento, espacios culturales, jardines de infantes comunitarios, comedores sociales, etc…

Entre otras cuestiones, exceptúa del pago del Impuesto Inmobiliario a las asociaciones civiles de hasta 100 socios o con ingresos anuales totales mayores a la categoría G del monotributo.

Además, se establece la condonación de deudas de documentación anual obligatoria que las asociaciones civiles poseen con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y busca que los clubes de barrio, centro de Jubilados, centros culturales y sociedad de fomento reciban las exenciones sobre los impuestos nacionales resueltos por AFIP y provinciales dispuestos por ARBA en el marco de la pandemia de coronavirus.

Otras de las cuestiones que plantea la iniciativa es que “todo inmueble ubicado en la provincia de una Asociación Civil, que se encuentre poseyendo, de manera pacífica e ininterrumpida por el plazo de al menos 20 años, es inembargable e inejecutable”.

También crea dos organismos: la Oficina Municipal de Entidades de Bien Público en los 135 distritos bonaerense y el Registro de Bienes con función social, en el ámbito de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Las modificaciones propuestas por Juntos por el Cambio en el Senado surgen de diferentes iniciativas presentadas por el espacio y establecen que una vez concluida la Emergencia, el Poder Ejecutivo pueda prorrogar el beneficio de Tarifa Cero de Servicios Públicos para las Asociaciones Civiles.

Por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo a crear un Fondo Extraordinario de Emergencia para el otorgamiento de subsidios y dispone que los subsidios sean destinados a adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos, para solventar gastos, que los mismos puedan tramitarse en los municipios y ante las demás autoridades y/o reparticiones públicas que determine la reglamentación de la Ley.