Según la evaluación del ministro de Economía, los municipios están mejor: la transferencia de recursos provinciales a la comunas están en un pico que no se ve desde hace por lo menos un par de décadas. Desde la cartera comandada por Lacunza, destacaron que cuando llegaron al Gobierno, hace 2 años, los jefes comunales no podían pagar aguinaldo, mientras que ahora la discusión pasa por qué obra se hace. 

"Es otra dimensión del problema", afirman, y subrayan que el principal problema está en la heterogeneidad entre las comunas. "Cruzás la calle y el municipio de al lado te cobra la mitad o el doble. Sobretodo en el Conurbano, pasa con la Tasa de Seguridad e Higiene, y en el interior, con la Tasa Vial. Hay una dispersión tal, que se multiplica por 10 en algunos casos -cuestionan-. Es el resultado en la Provincia del sálvese quien pueda: cada municipio trataba de manotear lo que podía". 

El Proyecto de ley con el que el oficialismo avanza le pone una serie de reglas a los municipios que se sintetizan en 4 conceptos: 

1- Que el gasto corriente no crezca más que la inflación; que sea constante en términos reales.

2- Que la planta de personal no crezca más que la población, que aumenta en la Argentina un promedio de 1 por ciento por año. "El empleado público también tiene que estar en sintonía con esto, sino después no podemos pagar los sueldos, como les pasa a algunos municipios que contratan más gente de la que pueden pagar y después le dicen a la Provincia que no pueden pagar los sueldos", expresan.

3- Que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes. Es importante destacar en este punto que hoy "todos cumplen con esa regla", según la evaluación del Ministerio. 

4- La regla del final del mandato: no incrementar el gasto corriente de cada año en carácter permanente en el último semestre. "Pasó en la ultima transición de autoridades, en el 2015, que asumió el nuevo intendente y el anterior le había dejado un paquete de decisiones de último momento, como contratos de la basura, o 200 empleados públicos que se habían nombrado a último momento", destacaron.